En los años sesenta del siglo xx, en los Estados Unidos, grupos pacifistas estudiantiles, anti-racistas y partidos de izquierdas confluyeron en lo que se denominó la nueva izquierda. Entre sus filas se encontraban feministas que participaban activamente en el movimiento de liberación de las mujeres y en la lucha por los derechos civiles (Gill y Scharff, 2011). Se trataba de un feminismo social incipiente que, de la mano de algunas profesoras universitarias con experiencia militante, comenzaba a verter sus contenidos dentro de la academia y a abrir nuevos espacios donde las aspiraciones feministas tuvieran cabida¹ (Alcoff y Potter, 1993; Friedan, 2017; Campagnoli, 2018).

En España, los largos estertores del franquismo hacían un poco más lenta la evolución del movimiento feminista. Si bien la pervivencia de instituciones como la sección femenina de falange no cejaban en su empeño por mantener un control ideológico sobre las mujeres, existían ya publicaciones que empezaban a incluir textos comprometidos con los ideales feministas (Castañeda, 2019). De hecho, sería Indicación Feminista, la revista fundada en 1976 por Lidia Falcón, el primer medio de expresión propio y uno de los hitos fundacionales de un movimiento feminista español que, al igual que las asociaciones de mujeres universitarias de los años setenta y los partidos políticos del momento, se encontraban en plena transición y existían en la clandestinidad (Haba-Osca y Simó, 2021).

Sin embargo, las expectativas que las mujeres militantes habían depositado en las fuerzas de la izquierda, haciendo esencial su proclama de que «lo personal es político», se verán defraudadas por un modelo de transición democrática excesivamente basado en el consenso (Guzmán y Pérez, 2005; Harding, 2008). El pacto democrático rebaja las reivindicaciones del feminismo que, escaldadas por su doble militancia, entendieron que la lucha por la igualdad política y social de las mujeres era un camino que emprender en solitario, y que había que empezar desde la base, con una orientación pedagógica casi pueril encaminada a explicar qué era aquello de la igualdad. Tal y como explica Murillo de la Vega (2014)², ex secretaria de Estado de Igualdad, miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas y profesora de sociología en la Universidad de Salamanca:

En las últimas décadas, la labor crítica llevada a cabo por el feminismo ha evidenciado estrategias patriarcales que, bajo la apariencia de igualitarias, siguen menoscabando la vida de las mujeres, incluso de las generaciones más jóvenes (Sanz, 2005; Beard, 2018; Alario, 2021; Solnit, 2015; Blázquez, 2008). Si bien son innegables los logros alcanzados, desde su vocación más práctica y el acceso a la educación superior el mercado laboral ha dado un giro copernicano a la experiencia de las mujeres.

Las investigaciones de las mujeres científicas han puesto bajo la luz sesgos androcéntricos que, desde las ciencias exactas, emigran a las ciencias sociales y, de estas, a los imaginarios y comportamientos de la sociedad (Fernández, 2008; Bartra, 2010; Arrieta, 2018). Con ello se contribuye a realizar un pertinente escrutinio del conocimiento científico y de su presunta e inherente neutralidad heredera del dualismo de occidente presente en la base de nuestro pensamiento; esto es, la ciencia y los saberes tradicionales, la razón y el sentimiento, el hombre y la mujer (Fabbri, 2013; Baeta, 2016; Peredo y Haba-Osca, 2022).

Por ello, la crítica literaria surgida en la década de los setenta resultó crucial en el análisis de la problemática del sujeto femenino en obras paradigmáticas como Thinking About Women (1969), de Mary Ellmann; The Female Eunuch (1970), de Germaine Greer; Patriarchal Attitudes (1970), de Eva Figes y The Dialectic of Sex (1970), de Shulamith Firestone. Particularmente destacada es la obra Sexual Politics (1970), de Kate Millet, ya que fue capaz de darle la vuelta al más prestigioso canon masculino de la literatura inglesa, sonrojando a escritores como Henry Miller o James Duncan Lawrence, que insistían en una construcción de la mujer desde las fantasías masculinas. Estas precursoras de la nueva literatura instauraron un clima intelectual de controversia que fue avanzando desde lo marginal hasta lo legítimo y desde el mundo anglosajón al resto de Europa (Keller, 1989; Martino y Bruzzese, 2000).

La convivencia de la teoría crítica feminista y la militancia social fue afianzando un corpus de conocimiento que, a fines del siglo xx, entra definitivamente en la academia³ (Martínez, 2018; Marrero, 2019). Adoptada como transversal respecto a otras corrientes de pensamiento de carácter también reivindicativo, la corriente de género tuvo entre sus aciertos la definición de categorías de análisis como la de patriarcado o género, instrumentos indispensables para toda práctica institucional que se precie igualitaria. (Sánchez, 2011). Democratizar los espacios implica también aplicar planteamientos epistemológicos adecuados y metodologías que incorporen las subjetividades de cada dinámica social (Villar et al., 2016; Morgade, 2017), desterrando así, al menos a un nivel analítico, el mito de la objetividad del pensamiento androcéntrico.

Así, la proliferación de mujeres en los distintos ámbitos profesionales y académicos ha permitido a la teoría feminista ir conquistando el ámbito público al dar testimonio con su experiencia a las relaciones de poder que definen el género y las estructuras sociales que consolidan la desigualdad. Herederos/as de la idea del cuidado como tarea propia, casi natural, del universo femenino, género y tiempo se erigen en pareja de hecho mutuamente aceptada por los rigores de uno y otro cónyuge conceptual (Lynch, 2010; Emcke, 2018). Por ello, las políticas de conciliación de la vida laboral y personal se han fraguado con el objetivo de equilibrar los mandatos de género en esos dos universos históricamente contrapuestos: el privado doméstico y el público productivo⁴ (Villar y Obiol, 2018).

En la actualidad, las epistemologías feministas se encuentran ante otros enemigos. Tal y como refleja la obra El sustrato cultural de la violencia de género (2010), de Ángeles de la Concha, la violencia de género ha adoptado múltiples formas, unas más visibles que otras, siendo las menos visibles aquellas envueltas en discursos de distinta índole: científica, moral, psicológica o artística, activamente operantes en el seno de la cultura. Se trata de representaciones que hacen que toleremos, de alguna manera, o que estemos habituadas a aceptar una violencia simbólica que facilita y precede a un grado de violencia que solo nos asusta cuando la vemos materializada físicamente (Castro, 2021). De hecho, el autodenominado «postfeminismo» plantea un discurso emancipador y una nueva feminidad normativa vinculada a prácticas de reconstrucción estética amparado por la ideología del sistema capitalista neoliberal. Este paradigma renuncia a la lucha contra la cultura patriarcal y contra el discurso de los medios de masas, validando en las mujeres más jóvenes el tradicional imaginario erótico de los hombres (Pacheco-Salazar, 2020). Para ello, la literatura, el arte, el cine, la publicidad, los videojuegos y los medios de comunicación, en general, son íntimamente persuasivos por la seducción de sus representaciones y por la incesante circulación de los modelos que proponen (Manzo y Minello, 2020).

Como hemos pretendido mostrar en esta breve introducción, el feminismo y todas sus reivindicaciones históricas siguen de plena actualidad porque, a pesar de los incuestionables avances en lo que a la igualdad entre hombres y mujeres respecta, en su aceptación social y en su vuelco institucional también asistimos a salvajes retrocesos que, como la anunciada reforma de la ley del aborto, nos enfrentan de nuevo a los fantasmas más temidos de nuestra historia reciente (Verdeguer y Obiol-Francés, 2021) o a la dificultad de desmantelar concepciones seculares, acuñadas en estereotipos sexuales y de género que han configurado opresivas nociones de identidad (Martínez-Carrasco y Villanueva-Jordán, 2022).

Por eso, colectivos de mujeres a lo largo y ancho del planeta coinciden en que, en pleno siglo xxi, la brecha de género en cuanto a derechos formales y sustantivos de las mujeres se mantiene en mayor o menor grado en todas sus formas, lo que afecta a su autonomía, bienestar, salud y calidad de vida. Así, pese a los diferentes instrumentos de protección de los Derechos Humanos, las mujeres siguen encontrándose en situaciones de subordinación, sumisión y opresión que distan, y mucho, del reconocimiento formal de la igualdad entre las personas (Valcárcel, 2014). Con la cuestión de la mujer como telón de fondo, en el año 2015 los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron un prometedor plan de acción para promover la sostenibilidad y la ciudadanía global hasta el año 2030, un plan conocido como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este marco integra 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de cubrir todos los aspectos de la sostenibilidad a través de varias metas, identificadas como objetivos a cumplir para el final de la tercera década del siglo xxi (Haba-Osca y Castelló-Cogollos, 2021).

En el año 2015, los países mencionados arriba coincidieron en la necesidad de un financiamiento integral para el desarrollo, afianzando así los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) elaborados en el año 2000 que se centraban principalmente en los siguientes ocho aspectos: (1) la reducción de la pobreza extrema y el hambre; (2) el acceso a una educación básica para todas las personas; (3) el fomento de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer; (4) la reducción de la mortalidad infantil; (5) mejorar la salud en la maternidad; (6) avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades; (7) asegurar un medio ambiente sano y seguro; y, (8) lograr una sociedad global para el desarrollo. Para ello, en la etapa final de un proceso de negociación que duró más de dos años, y contando con una participación sin precedentes de la sociedad civil, el 2 de agosto de 2015 los gobiernos acordaron por consenso lograr un nuevo acuerdo mundial (Brunold y Esteban-Fonollosa, 2022).

El documento, denominado «Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», se proyectó para los siguientes quince años y supuso toda una oportunidad para que los países y sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de las personas, sin dejar a nadie atrás. La ambiciosa Agenda 2030, establecida por las Naciones Unidas, señala diecisiete objetivos de la humanidad, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos y 169 metas, entre los que destacan los objetivos relacionados con la eliminación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades sociales y a favor de una sana relación con la Naturaleza: el fin de la pobreza (Objetivo 1); hambre cero (Objetivo 2); salud y bienestar (Objetivo 3); educación de calidad (Objetivo 4); igualdad de género (Objetivo 5); agua limpia y saneamiento (Objetivo 6); energía accesible y no contaminante (Objetivo 7); trabajo decente y crecimiento económico (Objetivo 8); industria, innovación e infraestructura (Objetivo 9); reducción de desigualdades (Objetivo 10); ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo 11); producción y consumo responsables (Objetivo 12), acción por el clima (Objetivo 13); vida submarina (Objetivo 14); vida de ecosistemas terrestres (Objetivo 15); paz, justicia e instituciones sólidas (Objetivo 17) y la alianza para lograr estos objetivos (Objetivo 17). Sin duda, se trata de una empresa colosal que exige grandes esfuerzos, ya que se requiere una intensa tarea transformadora que revise a fondo el statu quo vigente si se pretende conseguir (Artigas, 2015; Haba-Osca y Castelló-Cogollos, 2021).

Para impulsar compromisos específicos en torno a la consecución del ODS 5 en pos de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y su empoderamiento en el centro de la agenda mundial, ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normas con el fin de defender los derechos humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres y las niñas alcancen su pleno potencial, organizó la denominada «Reunión de líderes mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: Un compromiso de acción», celebrada el 27 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En la citada asamblea, se desarrolló un plan de acción específico para impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, exigiendo paralelamente la participación de todos los países, partes interesadas y demás individuos, así como metas con sensibilidad de género vinculadas a los demás objetivos. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo próspero y sostenible. Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial.

Sin embargo, la desigualdad de género persiste en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso social. En el año 2014, 143 países tenían garantizada jurídicamente la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que 52 de ellos no habían contraído ese importante compromiso (Van der Have y Rubalcaba, 2016). Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas es muy importante, pero todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político y una de cada cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de su pareja en un período comprendido en los últimos doce meses (Eichler y Schwarz, 2019). Además, según uno de los últimos informes facilitados por la ONU⁵, los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado hasta la fecha en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

Así, se ha manifestado en repetidas ocasiones cómo el brote de coronavirus ha agravado las desigualdades de género existentes, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la protección social. En el ámbito sanitario, las mujeres desempeñaron un papel desproporcionado en la respuesta al virus, tanto como trabajadoras sanitarias en primera línea como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres aumentó de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de las personas dependientes, enfermas y/o ancianas. Asimismo, las mujeres se vieron más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19: cerca del 60 % de las mujeres a nivel mundial sigue trabajando en la llamada economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. Finalmente, desde la pandemia se han manifestado considerables aumentos de violencia contra las mujeres y las niñas. De hecho, a raíz de las medidas del confinamiento, muchas vidas se han encontrado atrapadas en casa con sus abusadores y con serias dificultades para acceder a servicios básicos de prevención y atención a la violencia doméstica.

Las mujeres no solo han sido las más afectadas por esta pandemia, sino que también son la columna vertebral de la recuperación en las comunidades. Por eso, poner a las mujeres y las niñas en el centro de las economías dará lugar, fundamentalmente, a mejores resultados de desarrollo más sostenibles para todos, apoyará una recuperación más rápida y encauzará al mundo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto conlleva:

Para ello, se estableció un grupo experto interinstitucional, en el que ONU Mujeres contribuyó meramente como entidad observadora, para elaborar los indicadores del progreso alcanzado. La propuesta, que se incluye a continuación (Tabla 1), se presentó para su aprobación a la Comisión de Estadísticas en su 47º periodo de sesiones, en marzo de 2016.

Todo lo expuesto anteriormente han brindado una oportunidad sin precedentes para tomar medidas que compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de las vidas de las mujeres y para construir un mundo más justo y resiliente. Desde ONU-Mujeres se ha desarrollado una respuesta rápida y específica para mitigar el impacto de la crisis sanitaria y económica mundial sobre las mujeres y niñas, así como para garantizar que la recuperación a largo plazo las beneficie. Para ello, se han centrado en cinco prioridades: (i) Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica; (ii) Promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y las niñas; (iii) Fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados; (iv) Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la toma de decisiones; (v) Garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género.

En este sentido, el propósito del volumen que presentamos es retratar cómo los Objetivos del Desarrollo Sostenible entroncan directamente con las reivindicaciones y necesidades históricas de los colectivos de mujeres, tanto en su dimensión individual como colectiva, para apostar por panorámicas interculturales y multidisciplinares que promuevan la participación social plena de las mujeres en condiciones de igualdad y el control de los recursos, tanto materiales como intelectuales, que las permita acceder a los tres tipos principales de poder (Friedan, 2017): poder social, es decir, acceso a la base de riqueza productiva; poder político, es decir, el acceso de las mujeres al proceso de toma de decisiones, sobre todo de aquellas que afectan a su propio futuro; y poder psicológico, entendido en el sentido de potencialidad y capacidad individual.

La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global tiene como objetivo impulsar prácticas que posibiliten el desarrollo de una ciudadanía activa, desde la problematización de las formas de pensar dominantes al cuestionamiento de los modos hegemónicos de educar. La compleja y deteriorada situación actual, a nivel social y ecológico, hace necesario crear espacios de encuentro donde diferentes agentes educativos y científicos puedan reflexionar sobre sus prácticas formativas e investigadoras con el fin de poder hacer frente al orden social dominante y facilitar, así, la transformación de la realidad social. En este contexto, diversos colectivos de mujeres han denunciado, evidenciado y politizado la realidad y las necesidades específicas de las mujeres en su intersección con múltiples formas de discriminación (género, clase social, origen étnico, estatus socioeconómico, diversidad funcional, orientación sexual, etc.), pidiendo una redefinición, libre de tintes andro- y etnocéntricos, de la posición de las mujeres tanto en la esfera pública como en la esfera privada (OMCI, 2020). Por lo tanto, nuestra particular contribución pretende sumarse al necesario planteamiento de una mirada crítica que contribuya a reducir las crecientes desigualdades sociales por medio de la creación de una investigación reflexiva acerca del sistema de estas desigualdades, bien sean políticas, sociales o culturales.

Partiendo de esta concepción, se presentan ocho capítulos que podemos englobar en tres grandes apartados. El primer conjunto está compuesto por contribuciones que se cuestionan la intersección de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global con las diversas realidades políticas que nos engloban, haciendo hincapié en las epistemologías feministas. El segundo apartado apuesta por contribuciones con un marcado carácter social para la consecución del fomento de la igualdad de género, y el tercero refleja el valor del capital cultural con un eje vertebrador común: el empoderamiento de las mujeres a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con respecto al primer bloque, encontramos, en primer lugar, la contribución titulada «La formación y las cualificaciones del profesorado en Europa en la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global», de Andreas Brunold y Ulrich Kerscher. En ella, los autores analizan los esfuerzos de las instituciones de educación superior por introducir la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en sus planes de estudio y la efectividad de los diferentes planes de actuación. No obstante, y pese a que se ha establecido el requisito de aplicación de planes de igualdad de género o estrategias equivalentes sobre el fomento de la diversidad, la realidad es que la mayoría de instituciones educativas fracasa estrepitosamente al no lograr formar al cuerpo docente. Por ende, si el personal docente e investigador desconoce la realidad social que nos rodea y las epistemologías teóricas o los contenidos y lecciones de carácter prácticos relacionados, difícilmente podrá integrarlos en su docencia, con lo que el alumnado continuará ignorando qué es y para qué sirve la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

La segunda aportación es «Una aproximación queer-ecológica al extractivismo del litio y a las mujeres indígenas sudamericanas en el contexto de la transición energética», de Ian Enríquez. A lo largo de este trabajo, se examina la transición energética y el papel de la extracción de minerales en la reducción de la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero. Argentina, Bolivia y Chile forman el llamado Triángulo del Litio y albergan más del 58 % de las reservas mundiales de dicho mineral, clave en la transición energética. Si bien diversos estudios han contribuido al análisis de las consecuencias de esta industria minera, suelen pasan por alto sus dimensiones de género. Por ello, el capítulo aborda los aspectos de género de la minería del litio examinando las intersecciones entre extractivismo, género y cambio climático. Con un enfoque que parte de la ecología queer, el artículo pretende deconstruir el sesgo binario existente entre los estudios ecofeministas y los ecologistas, poniendo en tela de juicio las nociones esencialistas de género y naturaleza. Mediante entrevistas realizadas bajo un enfoque de género a la población andina de esta industria minera, se analizan las consecuencias de la minería en el medio ambiente y en la población local, así como las razones, motivaciones y formas de resistencia de la gente.

Por último, en este primer apartado nos encontramos con el capítulo «Cultura de la violación y justicia patriarcal: una revisión del concepto de consentimiento sexual y su impacto en el derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial», de Sonia Tomás Alonso. La igualdad formal entre hombres y mujeres que reflejan nuestras leyes es utilizada a menudo para sostener la afirmación de que la igualdad real ha sido ya conseguida y que, por tanto, las reivindicaciones feministas carecen de sentido, pero estos argumentos no hacen sino revelar que el patriarcado está todavía lejos de ser desmantelado. Por ello, a la hora de diseñar políticas de igualdad efectivas es imprescindible rastrear y descartar aquellos discursos que pretenden encuadrarse dentro del feminismo pero que en realidad esconden la intención de desmantelarlo a base de frenar o incluso hacer retroceder los logros alcanzados por las mujeres. Así, el artículo tiene como objetivo analizar el contenido actual del concepto de empoderamiento, demostrando que este ha quedado despojado de su sentido inicial para ser sustituido por un discurso individualista que desactiva la lucha colectiva de las mujeres, donde lo que se nos ofrece como transgresor y liberador no es más que estereotipos sexistas camuflados tras una apariencia de modernidad y de defensa de la libertad de elección. Para ello, se han examinado diversas prácticas que afectan a las mujeres en las que se ha establecido interesadamente una falsa equivalencia entre empoderamiento y conducta sexual, revelando que la liberación en lo sexual no libera a las mujeres de las relaciones de poder que los hombres ejercen sobre ellas.

El segundo bloque de este monográfico recoge tres capítulos que reflejan la importancia de los diferentes movimientos sociales que tienen como objetivo principal lograr un cambio efectivo. Se trata de una acción colectiva de participación en distintas esferas, en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. En primer lugar, contamos con el capítulo titulado «Los derechos reproductivos a la luz del derecho comparado: el caso español y francés», de Laura López. En esta aportación se analiza cómo la infertilidad se ha convertido en un tema de candente actualidad en las sociedades modernas. Los cambios económicos, laborales, el aumento de la esperanza de vida, etc., ligados a la desinformación que existe en torno a la salud reproductiva y los derechos reproductivos de la mujer, no han hecho sino dificultar y entorpecer el poder formar una familia, lo que se ha traducido en un incremento en la reproducción asistida. El artículo, así pues, profundiza en dichas prácticas desde un punto de vista legislativo y compara las legislaciones de España y Francia, enmarcadas en el contexto europeo, respecto a tres pilares fundamentales: prácticas y técnicas permitidas por la ley, otorgamiento de consentimiento y la figura del donante en el proceso de donación.

En el quinto capítulo, «Impacto de la innovación social en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres», María Arnal-Pastor y Paula Andrea Nieto-Alemán analizan el impacto que ha tenido la innovación social en cuestiones de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Para ello, las autoras realizan un estudio bibliométrico y de revisión, combinando ambos conceptos en un estudio de tendencias y prospectiva. La innovación social constituye un campo relativamente joven, y aunque hay trabajos que la han relacionado con los ODS, no lo han hecho desde la perspectiva de género. Conocer el impacto de la innovación social en la mejora de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres puede contribuir a la identificación de prácticas que funcionan y la extrapolación de las mismas a otros contextos.

La última aportación en este bloque de ámbito social se titula «La comunicación: una herramienta para visibilizar a las mujeres en el consejo de familia», de María Rodríguez García. Su estudio destaca cómo las mujeres en la empresa familiar han tomado generalmente un papel secundario, siendo incluso invisibilizadas o alejadas de los puestos de toma de decisiones. Paralelamente, en el estudio del binomio empresa-familia ha predominado el enfoque empresarial sobre el del grupo familiar. Para complementar los estudios hasta el momento, la autora aborda la interacción familia-empresa desde la gobernanza de la familia, concretamente desde el consejo de familia, concebido como herramienta de emancipación y representación de la figura de la mujer a través del diálogo y consenso. Para justificarlo, el artículo explora los postulados de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas y presenta un modelo conceptual sobre los antecedentes y resultados de la aplicación de la racionalidad comunicativa en el consejo de familia y cómo afecta a la visibilización de la mujer. Entre los resultados más relevantes de su aplicación se encuentra la sostenibilidad de la familia empresaria a largo plazo.

Con respecto al último apartado, este se compone de dos aportaciones basadas en la necesidad de profundizar en las herramientas necesarias para realizar cambios sociales y políticos. En el capítulo siete, «Innovación docente en los Grados de Educación: deontología docente y pedagogías feministas para el empoderamiento de la mujer y la niña a través de “Ellas”», Rocío Domene-Benito y María Belén Mateos Blanco emplean el uso de pedagogías feministas aplicadas a la innovación docente en las aulas universitarias para garantizar un compromiso social y democrático con los Derechos Humanos y con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El principal objetivo de esta propuesta es examinar las diversas estrategias docentes vinculadas al ODS 1 en su aplicación cultural que se integran dentro del proyecto de innovación docente Ellas I y II: estereotipos, roles y referentes en la literatura infantil y juvenil, cuya importancia radica en aglutinar la idoneidad de temáticas como dar visibilidad a referentes femeninos, la huida de los estereotipos de género y el análisis de la perpetuación de determinados roles a través de la literatura infantil y juvenil. A través de la colaboración conjunta tanto de docentes como de profesionales del mundo editorial y de la animación lectora se llevaron a cabo interesantes iniciativas: talleres, actividades formativas y exposiciones que ofrecen nuevas vías de reflexión acerca de la necesidad de la cooperación y las alianzas para lograr pequeñas, pero significativas acciones en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Finalmente, cierra esta obra monográfica el capítulo titulado «Hilos desde la Diáspora: diálogos textiles desde el Sentipensar y el Corazonar entre mujeres migrantes latinoamericanas», de Karen Rosentreter Villarroel y Diana Albarrán González. En él, las autoras nos presentan un análisis de prácticas textiles, entendidas como una forma de conocimiento de la resistencia transmitido por mujeres que fomenta la inclusión y activa resonancias íntimas y colectivas entre ellas. El texto, así pues, propone un diálogo entre dos dinamizadoras latinoamericanas de círculos textiles de mujeres migrantes en Barcelona y Auckland. La metáfora del telar y los conceptos de sentipensar y corazonar se emplean como enfoque metodológico, destacando los beneficios de las pedagogías feministas en el fortalecimiento de la inclusión y empoderamiento de las mujeres migrantes, así como en la promoción de enfoques educativos no hegemónicos.

Esta amalgama multidisciplinar de aportaciones refleja cómo colectivos de mujeres a lo largo y ancho del planeta coinciden en que, en pleno siglo xxi, la brecha de género en cuanto a derechos formales y sustantivos de las mujeres se mantiene en mayor o menor grado en todas sus formas, lo que afecta a su autonomía, bienestar, salud y calidad de vida. Así, pese a los diferentes instrumentos de protección de los Derechos Humanos, las mujeres siguen encontrándose en situaciones de subordinación, sumisión y opresión que distan, y mucho, del reconocimiento formal de la igualdad entre las personas. En este contexto, diversos colectivos de mujeres han denunciado, evidenciado y politizado la realidad y las necesidades específicas de las mujeres en su intersección con múltiples formas de discriminación (género, clase social, origen étnico, estatus socioeconómico, diversidad funcional, orientación sexual, etc.), pidiendo una redefinición clara, libre de tintes andro- y etnocéntricos, de la posición de las mujeres tanto en la esfera pública como en la esfera privada.

Por ello, y como hemos apuntado anteriormente, el propósito principal del volumen que presentamos es retratar cómo los Objetivos del Desarrollo Sostenible entroncan directamente con las reivindicaciones y necesidades históricas de los colectivos de mujeres, tanto en su dimensión individual como colectiva, para apostar por panorámicas interculturales y multidisciplinares que promuevan la participación social plena de las mujeres en condiciones de igualdad y el control de los recursos (materiales e intelectuales) que les permita acceder a los tres tipos principales de capital: político, social y cultural. Consideramos que las ocho contribuciones son especialmente empoderadoras dado que destacan la agencia y el poder de las mujeres en el seno de la Agenda 2030; realizan estudios interseccionales que profundizan en el papel de las mujeres en la consecución de los ODS; se adentran en las epistemologías feministas entendidas como actos de revisión o adaptaciones transposicionales en relación con la Agenda 2030 y los ODS; persiguen, desde las economías (eco)feministas, el fin de la pobreza, la sostenibilidad y la migración; instrumentalizan los ODS junto con la violencia física, sexual, psicológica, económica, institucional, social y comunitaria y destacan el uso de pedagogías feministas, la educación inclusiva y la coeducación.

En último lugar, solo nos queda agradecer a la colección de Educación Multidisciplinar para la Igualdad de Género (EMIG) la enorme oportunidad de haber podido editar este volumen monográfico especial, a la editorial de la Universitat Politècnica de València una vez más por apostar por cuestiones tan relevantes y necesarias en la lucha contra las desigualdades sociales y, especialmente, a todas las personas implicadas (autores/as y evaluadores/as) sin los que, evidentemente, esta obra colectiva no habría sido posible.

Desde la adopción de la Estrategia de Lisboa en el año 2000, las políticas de educación y formación del profesorado han cobrado impulso. En este ámbito, cada Estado Miembro de la Unión Europea (UE) es responsable de sus propios sistemas de educación y formación del profesorado. Según los objetivos estratégicos establecidos a largo plazo en las políticas de educación y formación del profesorado europeo (Comisión Europea, 2010), estos deben ser:

Como ocurre con muchas otras cuestiones relacionadas con la Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EDyCG), y especialmente prestando atención a la educación para la ciudadanía democrática, la estructura, los contenidos, la intensidad y los objetivos de la formación del profesorado en Europa muestran una considerable diversidad. Sin embargo, a efectos, es necesario hacer algunas observaciones generales sobre las instituciones de formación del profesorado. Para empezar, las ciencias políticas son consideradas con frecuencia la «disciplina líder» en los estudios que posee el profesorado de educación cívica (materia donde está enraizada la EDyCG) debido a que sus temas y contenidos centrales («gobierno y política») y sus subdisciplinas («política nacional e internacional», «teoría política», «sociología política», etc.) se incluyen en los planes de estudio de formación del profesorado de educación cívica o constituyen su columna vertebral en la mayoría de Estados europeos.

Sin embargo, muchos docentes con formación en educación cívica son egresados también de programas de ciencias sociales (como la pedagogía o la sociología) o humanidades (historia, filosofía o incluso filología). Debido a la importancia relativamente marginal de la educación cívica y la educación en ciudadanía democrática en los sistemas educativos de Europa, la formación especializada del cuerpo docente de educación cívica no es una prioridad en la mayoría de los países integrantes de la UE. De hecho, cuanto más bajo es el nivel de estudios para el que se cualifica un profesor o una profesora, menos importante parece ser su disciplina académica.

Por lo tanto, el porcentaje de profesores/as que imparten educación cívica y están específicamente cualificados para enseñar esta asignatura u otras relacionadas con la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global es, en comparación con otras asignaturas y disciplinas escolares, relativamente bajo. Esto se aplica a la mayoría de los países europeos, por no decir que todos. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje de profesores de educación cívica cualificados no supera el 55 %-60 %, lo cual implica que alrededor del 40 % de las clases con contenido en educación cívica las imparten profesores/as que no están realmente formados. Este hecho se debe, principalmente, a que el «estatus» que goza la educación cívica y la EDyCG es muy bajo en comparación con otras asignaturas escolares, no solo en las políticas educativas y en los planes de estudio nacionales, sino también desde el punto de vista de los y las profesores/as. En el imaginario colectivo alemán, se da el caso de que la gente opina que la educación cívica es una «asignatura fácil» porque implica poco trabajo preparatorio y es «escasa en hechos y rica en palabrería».

Mientras tanto, las sociedades modernas se encaminan claramente hacia una nueva concepción que podría resumirse como «sociedad de la información» o «sociedad del conocimiento». Por primera vez en la historia de la humanidad, la información y el conocimiento son prácticamente accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este hecho ha cambiado profundamente la forma, la estructura y los contenidos de la educación. En general, se acepta que una sociedad de la información o del conocimiento se caracteriza por la materialización, la comunicación, la alta especialización, la abundancia de información y el trabajo en red. Estas características subrayan la necesidad de desarrollar nuevas formas y nuevos contenidos para mantener y reforzar la profesionalidad del profesorado. Cada vez más, los planes de estudio de formación del profesorado deben orientarse a cualificar al personal docente de educación cívica de forma que lo capacite para:

A pesar de estas conexiones, la relación entre la enseñanza superior y la Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global, así como la educación para la ciudadanía democrática, también está lastrada por una cierta ambivalencia, ya que la competencia y la profesionalidad del cuerpo docente de educación cívica dependen de su capacidad para comprender el contexto más amplio de unos problemas políticos y sociales cada vez más complejos, de su capacidad para reducir esta complejidad con el fin de transferir conocimientos a su alumnado y de su capacidad para reflexionar sobre sus propias necesidades en materia de educación superior con el fin de mejorar su competencia en el ámbito de la educación para la ciudadanía democrática.

La formación del profesorado, en ese sentido, se debe en gran medida al apoyo activo y a la implicación de las diferentes organizaciones intergubernamentales internacionales y a sus acciones y proyectos, como el Consejo de Europa (destacando el Año de la educación para la ciudadanía democrática, de 2005), la UNESCO (a través de su Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, entre los años 2004 y 2014), la OCDE (con sus competencias básicas y normas) y la Unión Europea (desde donde se confeccionan y desarrollan los contenidos de los planes de estudios). No en vano el aprendizaje, el proceso por el que pasan los y las individuos/as cuando intentan cambiar o enriquecer sus conocimientos, valores, habilidades, estrategias y comportamientos, es una dimensión clave en la formación del profesorado y para la ciudadanía democrática.

El funcionamiento escolar está regido por la legislación de cada Estado Miembro. Así, este se actualiza repetidamente a lo largo del tiempo y constituye el código por el que se rige la escuela. Por ello, la educación democrática comienza no solo con los niños y niñas a los que hay que enseñar, sino también con los y las ciudadanos/as que van a ser sus docentes. La justificación política más sólida de la educación democrática es que enseña las virtudes de la deliberación democrática por el bien de la futura ciudadanía.

El tipo de socialización política que tiene lugar en las instituciones de educación democrática está fuertemente relacionado con la teoría de la democracia deliberativa. Se dice que, en su producción cultural, la democracia deliberativa requiere de «un proceso de aprendizaje abierto y continuo en el que faltan los papeles de “profesor” y “currículo”. En otras palabras, lo que hay que aprender es una cuestión que debemos resolver en el propio proceso de aprendizaje» (Cohen, 1989). Así pues, la educación democrática y los valores democráticos no pueden enseñarse en el sentido tradicional. Para que los niños y niñas aprendan a ser ciudadanos/as de una democracia deben de participar en democracia. El hecho de que un grupo de individuos (alumnado y cuerpo docente) deba aprender a trabajar juntos en el mismo espacio requiere un sistema de gobierno.

El objetivo general de la educación cívica es promover el compromiso y apoyar la gobernanza democrática y participativa. La idea que subyace a la educación cívica es promover la demanda de buena gobernanza (por ejemplo, a través de un público informado y comprometido) como complemento necesario a los esfuerzos por mejorar la práctica de la transparencia. Por lo tanto, la educación cívica se ocupa de tres elementos diferentes: (i) los conocimientos cívicos, (ii) las aptitudes cívicas y (iii) la disposición cívica, que serán descritos brevemente a continuación.

Los conocimientos cívicos se refieren a la comprensión por parte de los y las ciudadanos/as del funcionamiento del sistema político y de sus propios derechos y responsabilidades políticos y cívicos. Por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión y a votar y presentarse a cargos públicos, y las responsabilidades de respetar el Estado de Derecho y los derechos e intereses de los demás. Por su parte, las competencias cívicas se refieren a la capacidad de los y las ciudadanos/as para analizar, evaluar, adoptar y defender posturas sobre cuestiones públicas y utilizar sus conocimientos para participar en procesos cívicos y políticos. Por ejemplo, para supervisar la actuación del gobierno o movilizar a otros/as ciudadanos/as en torno a cuestiones concretas. Finalmente, las disposiciones cívicas se definen como los rasgos que deben de adquirir los y las ciudadanos/as que se deben fomentar en la escuela para conseguir una democracia real. En este caso, hablamos de conceptos como la tolerancia, el espíritu público, el civismo, el espíritu crítico y la voluntad de escuchar, negociar y comprometerse.

La educación cívica en una democracia es la educación en el autogobierno, lo cual implica la participación activa y no la aquiescencia pasiva en las acciones de otros. Lógicamente, los ideales de la democracia se cumplen plenamente cuando todos los miembros de la comunidad política participan activamente en el gobierno, lo que subraya cómo el objetivo de la educación cívica no es cualquier tipo de participación, sino la participación de ciudadanos y ciudadanas informados/as y responsables. Tales valores, perspectivas, conocimientos y habilidades en materia cívica hacen posible una participación responsable y eficaz.

Para tal fin, la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global es especialmente oportuna. La falta de participación de los ciudadanos en las elecciones es solo un indicio fácilmente medible y, por tanto, inequívoco, de la desvinculación generalizada de la ciudadanía de las responsabilidades y recompensas de la participación en los sistemas constitucionales. Sin embargo, dicha desvinculación nos permite darnos cuenta de la ilusión peligrosa que supone entender la democracia como un mecanismo que se autoperpetúa (Baude, 2021). La responsabilidad única de la educación cívica no es simplemente aumentar los índices de participación cívica, sino enseñar una participación competente y responsable. También debe abordarse la cuestión de la relación entre los valores morales y la acción. La preservación de los derechos y la promoción del bien común dependen de una ciudadanía que participe en la vida común de la comunidad política, respetando sus normas constitucionales y adhiriéndose a sus valores fundamentales. Estas reflexiones conducen, irremediablemente, a los inicios de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

En la actualidad, nos encontramos con una nueva variante educativa: la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EDyCG), que resume cómo la educación puede desarrollar el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes que el alumnado necesita para asegurar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. La EDyCG representa un cambio conceptual en la medida en que reconoce la importancia de la educación para comprender y resolver los problemas mundiales en sus dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas y medioambientales. La EDyCG reconoce también el papel de la educación a la hora de ir más allá del desarrollo de conocimientos y habilidades cognitivas para construir valores, habilidades blandas y actitudes entre el alumnado que puedan facilitar la cooperación internacional y promover la transformación social. Al tiempo, aplica un enfoque polifacético, empleando conceptos, metodologías y teorías de diferentes campos y materias, entre los que se incluyen la educación en derechos humanos, la educación para la paz, la educación cívica y la educación para el desarrollo sostenible.

El papel de la educación va más allá del desarrollo de conocimientos y habilidades cognitivas, sino que comprende también la construcción de valores, habilidades blandas y actitudes entre el alumnado. Se espera así que la educación facilite la cooperación internacional y promueva la transformación social. El concepto de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global destaca las funciones esenciales de la educación relacionadas con la formación de la ciudadanía en relación con la globalización. Se refiere a la importancia de los conocimientos, las aptitudes y los valores para la participación de los y las ciudadanos/as en las dimensiones del desarrollo social vinculadas a los niveles local y mundial y su contribución a las mismas. Así, está directamente relacionada con la función de socialización cívica, social y política de la educación y, en última instancia, con la contribución de la educación a la preparación de niños/as y jóvenes para afrontar los retos del mundo actual, cada vez más interconectado e interdependiente (Tawil, 2013, p. 9).

Esto incluye el conocimiento y la comprensión de problemas y tendencias globales específicos, y el conocimiento y el respeto de los valores universales clave (como, por ejemplo, la paz y los derechos humanos, la justicia, la democracia, la no discriminación, la tolerancia); además de las habilidades cognitivas para el pensamiento crítico, creativo e innovador, la resolución de problemas, la toma de decisiones y habilidades no cognitivas como la empatía, las habilidades interpersonales y comunicativas y la aptitud para trabajar en red e interactuar con personas de diferentes orígenes. Por último, aunque no por ello menos importante, se necesitan capacidades de comportamiento para emprender y participar en acciones proactivas (UNESCO, 2014).

Hay que poner al alumnado en condiciones de analizar una situación política y de evaluar cómo se ven afectados sus propios intereses personales, así como de buscar medios y maneras de influir en la situación que han identificado de acuerdo con dichos intereses. Tal objetivo conlleva un fuerte énfasis en la adquisición de habilidades operativas, lo que a su vez es una consecuencia lógica de los principios expuestos anteriormente. A este respecto, a veces se reprocha que se trate de una «vuelta al formalismo», para que los y las profesores/as no tengan que corregir el contenido de sus propias creencias. No es así, ya que no se trata de la búsqueda de un consenso máximo, sino de la búsqueda de un consenso mínimo (Brunold, 2022).

Desde hace muchos años, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) trabaja en una mayor diferenciación y aplicación de los objetivos educativos de la Agenda 21 en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que concluyó en 2014, y donde se produjo una expansión significativa de las actividades educativas, en gran medida vinculada también a la mejora cualitativa y a una mayor integración en los sectores educativos.

Una de las tareas sustanciales e importantes para el aprendizaje global es el transporte de conocimientos, habilidades y la preparación para una actuación constructiva de los conflictos, y como consecuencia el profesorado debe preparar programas apropiados (Gugel y Jäger, 1997). Para adaptar adecuadamente el tema del aprendizaje global, es necesario realizar esfuerzos considerables en el ámbito de la formación política, que ocupa una posición clave en el camino hacia la sostenibilidad (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 1992; WBGU, 1998).

Para buscar la comprensión y la concienciación públicas sobre la sostenibilidad y avanzar hacia sociedades más sostenibles se requiere una sociedad que sea consciente de los objetivos de la sostenibilidad y tenga los conocimientos y las capacidades para contribuir a alcanzarlos. Una ciudadanía bien informada apoya una sociedad más sostenible de varias maneras. En primer lugar, la ciudadanía, a través de sus actividades cotidianas, apoya la política gubernamental relacionada con la gestión de los recursos y la conducta cívica. En segundo lugar, la ciudadanía puede apoyar las medidas relacionadas con el desarrollo sostenible y a los políticos que introducen y apoyan una legislación inteligente. En tercer lugar, la ciudadanía puede convertirse en consumidora informada que adquiera bienes con un bajo impacto en su estilo de vida y que utilice su poder adquisitivo para apoyar la responsabilidad social y medioambiental de las empresas y las prácticas empresariales sostenibles. Una ciudadanía informada puede ayudar a comunidades y gobiernos a adoptar medidas de sostenibilidad y avanzar hacia sociedades más justas.

Desarrollar una ciudadanía informada requiere un esfuerzo con mensajes coherentes y realistas dirigidos a personas de todas las edades. El uso de campañas a gran escala en los medios de comunicación puede llegar a segmentos importantes de la sociedad. También puede explorarse el marketing social para aplicar algunas de las medidas más sencillas que conducen a un cambio de comportamiento. Para construir una ciudadanía capaz de reflexionar sobre algunos de los problemas de sostenibilidad más complejos a los que se enfrentan las comunidades y las naciones se necesitan herramientas educativas completas que se centren en las habilidades inherentes al pensamiento crítico y la toma de decisiones racionales (UNESCO, 2005).

Está claro que, para participar en sociedades más sostenibles, una ciudadanía activa también necesita conocimientos y competencias en materia de ciudadanía democrática. Para ello, la educación para la ciudadanía democrática podría ser una herramienta educativa básica y específica. Un enfoque de la educación para la ciudadanía democrática debería tener como objetivo la promoción de una cultura de la democracia y los derechos humanos en relación con objetivos como la participación, la cohesión social o la solidaridad, así como prácticas para promover el desarrollo de comunidades comprometidas con relaciones genuinas.

En el contexto actual de creciente concienciación sobre cambio climático, el «desarrollo verde» o la búsqueda de crecimiento económico mientras se intenta descarbonizar nuestra sociedad, domina los diferentes niveles políticos y crea dicotomías. Los Estados han estado exigiendo y creando productos y servicios de bajas emisiones de carbono, mientras que las fuentes de energía renovables han sido estimuladas cada vez más. Vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos necesitan baterías de iones de litio para almacenar energía. En ese sentido, países enteros, empresas y los Green New Deals de la UE y EEUU dependen de la extracción mineral para hacer una sociedad «sin combustibles fósiles», como esperan los premios Nobel Goodenough, Whittingham y Yoshino, cocreadores de la batería de iones de litio (Sheikh et al., 2019).

Desde la academia, se ha señalado el valor que ha ido adquiriendo el litio en la actual transición energética para mitigar el cambio climático (Göbel, 2013; Bruckmann, 2015; Fornillo et al., 2019). Este aspecto geopolítico está presente de forma predominante en las regiones andinas de Argentina, Bolivia y Chile, el llamado «triángulo del litio», que alberga más del 58 % de los recursos identificados en el mundo (US Geological Survey, 2021). La legislación de los tres países reconoce la importancia del mineral: ya en 1979, durante la Guerra Fría, el gobierno dictatorial chileno declaró el litio como recurso estratégico nacional por su uso en energía nuclear. Recientemente, el gobernador de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, firmó un decreto por «necesidad y urgencia» para declarar las reservas de litio «recursos naturales estratégicos para el desarrollo socioeconómico de la provincia» (Decreto-Acuerdo n°7592, 2011), mientras que la provincia de Catamarca ha presentado un proyecto de ley al Congreso para declararse como «capital del litio» (Congreso de la Nación Argentina, 2017). Asimismo, la Constitución nacional de Bolivia (2009) declara en su artículo 369 II que «los recursos naturales no metálicos existentes en salares, salmueras, evaporíticos, sulfuros y otros, son estratégicos para el país».

La extracción de litio ha sido constantemente enmarcada por corporaciones y empresarios como más «moderna», «limpia» y «sostenible»¹ porque no requiere detonaciones ni minas a cielo abierto. Este mineral ligero se encuentra principalmente en salmueras de cuenca cerrada o en rocas graníticas. Para obtenerlo, se perforan agujeros en la superficie para bombear la salmuera salada. Esto permite extraer el carbonato de litio mediante un proceso químico que exige dejar evaporar el agua entre 12 y 18 meses (Ahmad, 2020). Por cada tonelada extraída, son necesarios aproximadamente dos millones de litros de agua evaporada (Katwala, 2018). Por ello, Argento y Puente (2019) la denominan «minería del agua» y «minería sobre salinas». Gracias a este tipo de minería, se ha promovido el litio como una alternativa a los hidrocarburos, centrándose en el potencial económico del desarrollo verde (Bradley y Jaskula, 2014; Calvo, 2019). A pesar de estas intenciones altruistas y de las intervenciones de adaptación/mitigación del clima, los grupos sociales históricamente marginados pueden correr el riesgo de verse aún más oprimidos y perjudicados (Marino y Ribot, 2012).

Eduardo Galeano escribió, en Las venas abiertas de América Latina (1971), que:

Esto que conlleva a cuestionarnos: ¿está pagando el Sur Global el precio de la conciencia verde del nuevo Norte? El libro de Galeano puede considerarse como hijo de la teoría de la dependencia. Según esta teoría, los flujos de extracción y exportación de materias primas desde los países periféricos o subdesarrollados hacia los Estados industrializados perjudican a los primeros y enriquecen a los segundos (Ahiakpor, 1985). En el contexto actual de «capitalismo verde», no es de extrañar que se forme un doble movimiento polanyiano en el que las comunidades de la región andina afectadas por estas nuevas industrias extractivistas se resisten a los proyectos de minería y «desarrollo» que ponen en peligro su propio entorno (Polanyi, 2001). De este modo, las protestas y movimientos anti-mineros se han convertido en un rasgo típico del panorama sociopolítico latinoamericano durante los siglos xx y xxi (Martínez-Alier y Walter, 2016; Fariñas et al., 2017; McNeish, 2018).

Sin embargo, a pesar de desempeñar un papel importante en la defensa del medio ambiente y de verse afectadas desproporcionadamente por el cambio climático y las industrias extractivas, las mujeres indígenas de América Latina son ampliamente ignoradas en el análisis de Bebbington (2012), así como en otros estudios en América del Sur (Gordon y Webber, 2008; van Teijlingen y Hogenboom, 2016). Las mujeres siguen siendo invisibilizadas en trabajos sobre movimientos de resistencia contra la minería en Argentina (Murguía y Böhling, 2013; Carrasco y Ramírez, 2015); Bolivia (Canessa, 2012); Ecuador (Kuecker, 2007). En Perú, Muradian et al. (2003) incluso observan que la mayoría de sus encuestados son hombres porque «las mujeres son mayoritariamente amas de casa». Aunque esta tergiversación puede influir en sus conclusiones, los autores optaron por omitir un análisis más profundo sobre la agencia de las mujeres y otras posibles formas de resistencia. Con la excepción de Jenkins (2017), que se centra en la resistencia de las mujeres a las industrias mineras en el contexto latinoamericano, hasta el momento no se ha adaptado ningún análisis al extractivismo del litio. A nivel global, Clancy et al. (2020) reflejan cómo se ha tenido en cuenta el género en diferentes políticas y marcos energéticos, pero no abordan las estructuras opresivas de nuestra sociedad. Por lo tanto, es urgente seguir investigando los aspectos de género del extractivismo del litio para evitar más desigualdades y lesiones enmarcadas en las intervenciones de mitigación y adaptación al clima.

Las autoras Mies y Shiva (2014) mencionan cómo la «marginación de las mujeres y la destrucción de la biodiversidad van de la mano», vinculando a las mujeres y a la naturaleza en el sentido de que ambas están igualmente amenazadas por los hombres y la ciencia y son oprimidas y explotadas por las herramientas de la violencia y la tecnología. Las raíces de esta devaluación de la naturaleza y de quienes están en primera línea defendiendo el medio ambiente se fundan en ideas modernas dualistas en las que ambos son vistos como «otros» pasivos que carecen de toda agencia, lo que permite al capitalismo explotarlos (Plumwood, 1993). La división del trabajo en función del género arrincona a las mujeres para que se encarguen de las funciones de trabajo reproductivo como cuidadoras del hogar, lo que las pone en estrecha relación y dependencia de los recursos naturales (Federici, 2004). Los impactos ambientales tienen una repercusión directa en las funciones y responsabilidades de las mujeres. No es de extrañar entonces que estén en primera línea contra las industrias extractivas que afectan negativamente a su entorno. Estudiosos ecofeministas clásicos se refieren a las mujeres indígenas como custodias de la biodiversidad, lo que las aleja de la única posición de víctimas. Aunque es importante destacar sus formas de resistencia, debemos evitar asignar catalogar a las mujeres como defensoras del medio ambiente (MacGregor, 2014). Así, su lucha no debe ser romantizada, ya que hacerlo sería descuidar su complejidad. Por ejemplo, el informe de Global Witness (2020) afirma que uno de cada diez defensores del medio ambiente asesinados en 2019 era una mujer, mientras que la mitad de los países con líderes asesinados son de América Latina.

Mies y Shiva (2014) proponen una forma alternativa de desarrollo basada en el autoabastecimiento, la re-ruralización, la cooperación y el enfoque en las personas. Las autoras la denominan «perspectiva de la subsistencia», y reclaman evitar el desarrollo del «catching up», algo que vemos con el actual auge del capitalismo verde, supuestamente respetuoso con el medio ambiente. Lo que sugieren las autoras es una relación no explotadora, no colonial y no patriarcal con la naturaleza, donde esta es respetada por su propia agencia y subjetividad.

Para ello, algunos estudios se han esforzado en explorar el género en diferentes formas de minería y han documentado y analizado en diferentes contextos mineros del mundo cómo las mujeres están siendo desplazadas de la esfera productiva a los roles reproductivos y domésticos (Ahmad y Lahiri-Dutt, 2006), por ejemplo; cómo se experimenta su notable resistencia frente a las amenazas, la violencia y el conflicto con y dentro de sus familias, colectivos y empresas mineras (Jenkins y Rondón, 2015); cómo son constantemente excluidas de las negociaciones entre las empresas y las comunidades indígenas (Deonandan et al., 2016); cómo son sus percepciones de los impactos de la extracción en sus medios de vida a nivel ambiental, social y económico (Deonandan et al., 2017); cómo las mujeres cumplen un rol protagonista contra las industrias mineras (Arana Zegarra, 2012); cómo sus estrategias de resistencia son de género y se adaptan al contexto (Jenkins, 2015); cómo las empresas mineras intentan incorporar la perspectiva de género dentro de sus corporaciones (Lahiri-Dutt, 2006) o cómo las mujeres han trabajado históricamente en el sector minero siendo restringidas e invisibilizadas (Lahiri-Dutt, 2019).

Ciertamente interesante es la aportación de Muñoz y Villareal (2019), que destacan, a partir de una base de datos de 259 casos de conflictos socioambientales en América Latina, los efectos nocivos en las mujeres de las industrias extractivistas y cómo estas se resisten a ellos. Por su parte, Rodríguez Fernández (2020) aborda las formas y efectos del género ante la desposesión y las luchas de las mujeres indígenas en el Altiplano boliviano, mientras que Velásquez (2017) examina cómo las mujeres mestizas desafían el sexismo dentro del movimiento anti-minero en Cuenca, Ecuador. Sin embargo, el único estudio hasta ahora que proporciona un vínculo explícito entre el cambio a las energías renovables, la resistencia de las mujeres y el ecofeminismo en el continente latinoamericano es el trabajo de Cirefice y Sullivan (2019), donde los autores desarrollan diversos estudios de caso en torno a la resistencia de las mujeres indígenas en las Américas y subrayan conscientemente el riesgo de asimilar las energías renovables en la agenda neoliberal al limitarse a cambiar los consumos de las fuentes de energía en lugar de abordar los entresijos del sistema capitalista, patriarcal y extractivista que nos ha llevado a este punto en del Antropoceno. Esta crítica a la «transición energética» también es expresada en el libro Engendering the Energy Transition (Clancy et al., 2020), donde se utiliza el ejemplo del extractivismo del litio para reflejar que el concepto de «transición energética» debe ser revisado ya que aborda principalmente la disminución de las emisiones de carbono en el consumo más que en el proceso de producción. Al hacerlo, se sostiene que los responsables de las políticas que consideran la dimensión del género en sus marcos energéticos no abordan las estructuras opresivas del sistema.

Desde esta posición, a pesar de los avances realizados, la investigación sobre los aspectos de género de la minería del litio, esencial para la transición energética, es urgente para evitar lesiones e injusticias por las intervenciones de mitigación y adaptación al clima. Argento y Puente (2019) analizan la «defensa de la vida, el agua y el territorio» contra los proyectos mineros de litio en la región de Atacama (Chile y Argentina), pero llamativamente solo dedican una nota a pie de página al papel de FRUTCAS-FSUMCAS, organización de mujeres conocida por sus huelgas de hambre contra las empresas de litio en los años noventa. Por otra parte, resulta interesante de los análisis de género en torno al extractivismo mencionados, el hecho de que en la base de estos trabajos subyazca un sesgo binario, donde la categoría socialmente construida de mujer no ha sido puesta en cuestión. Por ello, parece que un análisis de género se reduce a un análisis de mujeres exclusivamente, dejando de lado la diversidad y fluidez de géneros y sexualidades en nuestras sociedades y manteniendo indirectamente otros dualismos opresivos.

La historia del extractivismo, el binarismo y la heteronormatividad también comparten una historia moldeada por el proceso de colonización. En Historia de la Homosexualidad en Argentina, Bazán (2010) recoge la documentación de cómo el cristianismo ya en el siglo iii condenaba cualquier acto sexual que no tuviera como objetivo la procreación, siendo la homosexualidad prohibida por el emperador romano Justiniano I entre los años 538 y 544 AC. La homosexualidad como término, sin embargo, no se acuñó aún hasta el siglo xix por primera vez (Blank, 2012). En la Antigua Roma y durante el periodo de colonización en América se hablaba de «sodomía» para referirse a los actos sexuales más que a una identidad en sí misma. Bazán (2010) afirma que los conquistadores españoles utilizaron la acusación de que los nativos americanos tenían prácticas sexuales sodomíticas contrarias a los principios cristianos para legitimar su supresión y, por tanto, conquistar el territorio para extraer oro. Theodore de Bry inclusive lo ilustró en un cuadro en el que Vasco Núñez de Balboa y otros conquistadores condenaban a los sodomitas a ser comidos por los perros.

La documentación arqueológica e histórica evidencia la presencia de prácticas homosexuales en el Antiguo Perú Andino entre las civilizaciones Moche² y Chimú. En los mapuches patagónicos³, el género y la sexualidad solían trascender los límites binarios. Los Machi Weye no se identificaban ni como hombres ni como mujeres y gozaban de una gran libertad, concibiendo la sexualidad como algo que debe ser construido y no como una adaptación de la anatomía de los cuerpos (Bazán, 2010). Es importante mencionar que tales prácticas sexuales e identidades de género de las civilizaciones precolombinas no pueden etiquetarse simplemente como “homosexual”, “trans” o “queer”. Esto dejaría de lado la complejidad de su cosmovisión indígena y se basaría en un enfoque eurocéntrico de la sexualidad y el género.

Además, se ha evidenciado que civilizaciones precolombinas como los incas e incluso los mapuches formaron sus imperios en base a la sangre, conquistando a otros pueblos indígenas, como los collas y atacama en el caso de los incas, y encontrando en las sodomías un enemigo a colonizar. Por ello, la libertad sexual y la fluidez de género de los indígenas en la época precolombina tampoco debe ser romantizada. Los actos sexuales entre hombres y otras concepciones no binarias en torno al género existieron en las civilizaciones andinas, pero esto no significa que todos fueran aceptados. González Arena y Gamboa (2015) concluyen que «los prejuicios, la discriminación y la homofobia en general no fueron en absoluto prácticas iniciadas con la llegada de los conquistadores europeos, sino que existían en América desde mucho antes de su llegada»⁴. De hecho, los autores ofrecen una visión crítica de la generalización de que la homofobia fue importada de Europa y afirman que la aceptación de las diferentes orientaciones sexuales entre los indígenas ha sido romantizada. Sin embargo, ambos se refieren en múltiples ocasiones al concepto de homosexualidad, incluso cuando este término fue acuñado en el siglo xix, como si este se refiriera a la identidad de género aunque en la época colonial «sodomía» se refiriera únicamente a los actos sexuales y no a una determinada identidad (Bazán, 2010).

Lo realmente importante es recordar que el colonialismo irrumpió y alteró las identidades, la cosmovisión y las relaciones de género indígenas. En esencia, el colonialismo fue un acto de género llevado a cabo principalmente por hombres, utilizando la brutalidad, la violencia y la opresión (Connell, 2014), ejerciendo el poder y el control sobre las civilizaciones nativas e imponiendo nociones y entendimientos europeos de raza, género e identidades sexuales a partir de los cuales las mujeres se subordinaron a los hombres (Oyěwùmí, 1997). Allí donde los actos sodomíticos no eran condenados se convirtieron en lugares regidos por la colonización del binarismo y la heterosexualidad. Esto es lo que Lugones (2010) llamó «la colonización del género», basándose en el análisis de Quijano (2000) sobre la «colonización del poder» y la modernidad. En ese sentido, el género y la sexualidad, así como otras distinciones jerárquicas, deben ser vistas como una herramienta normativa clave utilizada para colonizar los cuerpos, las mentes y los comportamientos de indígenas, así como sus territorios a través de la explotación, las violaciones sexuales y el terror. Sin embargo, Segato (2013) discrepa parcialmente afirmando que hay suficientes evidencias de que en las sociedades tribales y afroamericanas existían «nomenclaturas de género», aunque luego califica esas estructuras como «similares a lo que hoy llamamos relaciones de género». Por tanto, siguiendo este punto de vista, el género, tal y como se conoce en las sociedades actuales, es un producto de la época colonial. Hablar de relaciones, aun siendo jerárquicas, de la época precolonial en términos occidentales modernos descuida las diferentes cosmovisiones presentes en la época.

Lugones (2010) conecta además los diferentes puntos del proyecto colonial: «la normatividad que conectaba género y civilización se empeñó en borrar la comunidad, las prácticas ecológicas, los conocimientos de la siembra, del tejido, del cosmos, y no sólo en cambiar y controlar las prácticas reproductivas y sexuales» (p. 745). Silvia Federici (2004) se basa en las intersecciones del colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y los juicios por brujería de los siglos xvi y xvii para argumentar que la guerra, la religión y los cercamientos se utilizaron como herramientas para despojar a las mujeres de sus medios de (re)producción y creatividad social, y para construir el estado capitalista moderno. El capitalismo ha sido capaz de separar el trabajo productivo del reproductivo, haciendo que este último no sea remunerado y enmarcándolo como «amor» en lugar de trabajo. Para subsistir, el capitalismo necesita el trabajo reproductivo (no remunerado), es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo. Según Gaard (1997) no solo el género, sino también la sexualidad y las prácticas eróticas podían llevar a ser acusadas de brujería. De hecho, las mujeres eran «quemadas con los hombres que tenían sexo con hombres» (p. 132). Es en la intersección de estas construcciones de género, clase y raza donde se encuentra (todavía) la colonización del género.

No hay que olvidar los efectos que más de 500 años de colonización heterosexual pueden tener sobre las comunidades indígenas actuales y su cosmovisión. Los pueblos abrazan la “pureza” de la naturaleza debido a sus interpretaciones culturales del género y la sexualidad, ergo la colonización del género. En este sentido, la ecología queer como marco analítico crítico puede utilizarse como herramienta para deconstruir el significado del término “natural” y reconocer el valor de las diversidades sexuales y de género.

Las mujeres indígenas de América Latina tienden a utilizar las nociones tradicionales de feminidad y la conexión femenina con la naturaleza para enmarcar y legitimar su participación en la resistencia contra la minería. Esta celebración/conexión esencialista y biológica entre mujeres, naturaleza, cuidado y emociones es abrazada por las ecofeministas culturales, pero ampliamente criticada y rechazada por las ecofeministas socialistas que señalan las construcciones sociales y culturales como la causa de esas diferencias de género (Carlassare, 2000). Más allá de recoger las experiencias y estrategias de las mujeres en los movimientos contra la minería en América Latina, la academia no ha discutido todavía si estas estrategias pueden ser capaces de proclamar un movimiento de justicia ambiental inclusivo y amplio que rompa las estructuras opresivas que confinan a las mujeres y a la naturaleza para ser explotadas⁵.

Sin embargo, estas observaciones y experiencias están construidas sobre una división binaria y colonial del mundo que, en consecuencia, termina reforzando los dualismos y la opresión de la naturaleza, las mujeres y personas queer. Si las académicas y las mujeres indígenas quieren reivindicar plenamente la justicia medioambiental dentro de un enfoque interseccional, se debería integrar la teoría ecológica queer para romper el imaginario opresivo y heteronormativo de la naturaleza (Gaard, 1997).

De la madera al carbón y luego a (otros) hidrocarburos, la actual transición energética no es la primera del Antropoceno. Sin embargo, esta conversión se distingue de las anteriores por tratar de conseguir una reducción de las emisiones globales de carbono y mitigar el cambio climático. Otra particularidad de esta transición energética es que está impulsada principalmente por la presión social, desde la concienciación y el reconocimiento del impacto de los combustibles fósiles en el cambio climático, más que por el desarrollo tecnológico. De hecho, esta demanda social de un sistema con bajas emisiones de carbono provocó la imposición de normativas multilaterales sobre la actual transición energética como sucedió en 1992 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC – UNFCCC, en inglés), el primer acuerdo multilateral para abordar el cambio climático. En esta convención, 154 Estados se comprometieron a lograr la «estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático» (UNFCCC, 1992, p. 4). Los firmantes de la CMNUCC adoptaron el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015 para introducir objetivos de reducción de emisiones. El artículo 2 del Acuerdo de París establece que las partes se comprometen a luchar contra el cambio climático, «manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales y prosiguiendo los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C respecto a los niveles preindustriales» (UNFCCC, 2015). En enero de 2021, la CMNUCC fue ratificada por 197 partes. Sin embargo, solo 189 de ellas ratificaron el Acuerdo de París de 2015 después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo (UNFCCC, 2021).

Tras estas reflexiones en torno a las últimas tendencias de la teoría queer ecológica, apostamos por un movimiento de justicia medioambiental queer del Sur que luche contra el extractivismo del litio, la heteronormatividad y el patriarcado. Pensamos que estas epistemologías tienen el potencial de despertar a la academia, los ecologistas y responsables políticos para que examinen la estructura opresiva intrínseca que hay detrás de la llamada transición energética y pidan su revisión. Los ecologistas occidentales deberían preguntarse si cubrir su tejado con paneles solares y cambiar su viejo coche diésel por un flamante vehículo eléctrico es contribuir y construir un mundo más justo y equitativo. Los Estados necesitan urgentemente mirar más allá de un simple cambio en los patrones de consumo de energía. Este capítulo sirve para fomentar las críticas al estado actual de las cosas.

En lugar de crear resiliencia a nuestro propio daño (el cambio climático), debemos dejar de «hacer negocios como siempre» y adoptar una nueva cosmovisión basada en el «buen vivir». En este sentido, el «desarrollo verde y los planes económicos» son remontajes del sistema capitalista opresor, una forma de subsistencia del capitalismo para seguir siendo rentable. Sin embargo, este escenario representa una oportunidad para realizar un cambio real y crear un mundo más justo. La ecología queer contribuye a un mundo más libre y equitativo al deconstruir el actual sistema binario opresivo y al permitirnos pensar que otro mundo es posible. Un mundo que pase de «la Tierra como madre a la Tierra como amante […] para incitar a la gente a tener más amor por el planeta» (Stephens y Sprinkle, 2016, citado enGaard, 2017).

La Agenda de Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, estableció el 2030 como plazo para la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas; pero hoy, a menos de diez años de alcanzar esa fecha, el mundo no está en condiciones de lograrlo. Así al menos lo refleja el documento publicado por ONU Mujeres en 2022 en el que se revisa el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Azcona et al., 2022).

En dicho documento queda meridianamente claro que, a pesar de los logros alcanzados, el avance en la consecución de los derechos de las mujeres es muy lento y que, a este ritmo, llevaría unos 286 años eliminar las leyes discriminatorias, así como superar las brechas imperantes en las protecciones legales para las mujeres y niñas (ODS 5). Además, complementariamente, el ODS 16 tiene como propósito la protección de los derechos humanos y la defensa del Estado de derecho, para lo que habría de procurarse reparación a las víctimas de abusos e injusticias. Así, todas las instituciones públicas deberían representar a las mujeres y niñas y darles respuestas, facilitando «el acceso a la justicia para todos y creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles». Sin embargo, el acceso a la justicia y la protección que deben brindar las instituciones a los más vulnerables no siempre están garantizados, ni siquiera en las sociedades desarrolladas.

En el caso de nuestro país, la revolución sexual impulsada por el feminismo de los años sesenta no empezó a tener influencia hasta dos décadas después, cuando comenzaron a producirse los primeros cambios legislativos que quedaron plasmados en la ley del divorcio (Ley 30, 1981), la primera ley del aborto (Ley Orgánica 9, 1985), el reconocimiento de las agresiones sexuales como delitos contra la integridad sexual y no como delitos contra el honor (Ley Orgánica 3, 1989) o, más recientemente, con la aprobación de la ley integral de violencia de género (Ley Orgánica 1, 2004) o la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (Ley Orgánica 3, 2007).

No obstante, y a pesar de los logros alcanzados, la falta de medios y de voluntad política han dado como resultado que la aprobación de algunas de estas normas haya quedado reducida a una mera declaración de intenciones sin reflejo en la práctica que, sin embargo, es utilizada para frenar nuevos avances bajo el argumento de que la igualdad real ya ha sido alcanzada. De hecho, los testimonios de mujeres víctimas de la violencia machista dan cuenta a diario de que el sistema de justicia opera aún hoy bajo la lógica del pensamiento patriarcal, porque es la credibilidad de las mujeres la que sigue estando en entredicho cuando se trata de juzgar delitos que específicamente les afectan a ellas y son igualmente ellas las que tienen que enfrentarse a interrogatorios inauditos en los que se cuestiona su forma de vestir, si habían bebido, si con su comportamiento pudieron provocar o llevar a error a su agresor o por qué no se resistieron con más fuerza. Y como si la revictimización, la estigmatización y el descrédito no fuesen suficientemente desalentadores, también se coloca sobre ellas la permanente sospecha de las denuncias falsas.

En pleno siglo xxi la justicia sigue siendo patriarcal porque los legisladores y los jueces no son entes disociados de la sociedad en la que viven, y la sociedad sigue estando impregnada por la cultura de la violación. Todavía hoy, como dijo Adrienne Rich: «objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina», porque conviene recordar que los hombres se han adueñado históricamente de todas las corrientes de pensamiento y han impuesto su mentalidad androcéntrica como referente y ejemplo para toda la humanidad. Así pues, han explicado el mundo como hombres, descrito a las mujeres como hombres y conceptualizado el sexo y el consentimiento como hombres (Domingo, 2020).

Los estereotipos y las falsas creencias en torno al consentimiento sexual afectan negativamente al derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial, y las sentencias que los reproducen no hacen más que legitimar la cultura de la violación, lanzando de paso un aviso a navegantes que tiene su consecuencia final en el hecho de que las agresiones sexuales son los delitos que menos se denuncian. Por ejemplo, los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 (Delegación del gobierno para la violencia de género, 2019), muestran que las denuncias por violencia sexual en nuestro país se sitúan en torno al 8 % y que entre los motivos más repetidos para no denunciar se encuentran la vergüenza, el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual o el temor a no ser creídas. Además, el 84,1 % de las víctimas de violencia sexual y el 67,2 % de las mujeres que han sufrido una violación no han buscado ayuda formal tras lo sucedido. De hecho, en torno al 25 % de ellas declara que ni siquiera se lo contó a nadie (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2019).

Incluso, la mayoría de las víctimas que buscaron apoyo lo hicieron a nivel informal contando lo sucedido a personas de su entorno, pero a pesar de que las reacciones fueron favorables en la mayor parte de los casos, el porcentaje de personas que les aconsejó denunciar no alcanzó ni siquiera el 50 %. Además, y en relación con el nivel de formación, se observó que las mujeres con estudios universitarios son las que menos denuncian la violencia (14,1 %), con mucha diferencia con respecto al resto de grupos. Por lo tanto, si las mujeres no confían en las instituciones difícilmente denunciarán la violencia sufrida, sin duda uno de los primeros obstáculos que dificultan el acceso de estas a la justicia y, con ello, la protección de sus derechos.

El segundo obstáculo se encuentra en el corazón mismo del sistema judicial, ya que aquellas que sí denuncian se enfrentan habitualmente a un largo recorrido en el que tendrán que contar una y otra vez lo que les ha sucedido, sufriendo el peso de una serie de estereotipos que no están presentes cuando se trata de otros delitos. Durante el proceso se les cuestionará haber tardado en denunciar y se les exigirá que recuerden detalles exactos de la agresión sin tener en cuenta que relatar los hechos una y otra vez dificulta la superación del trauma y, todo ello, en muchas ocasiones, sucederá frente a los propios agresores, que estarán sentados a escasos centímetros de ellas durante la celebración del juicio. Con posterioridad, las sentencias reproducirán muchos de los mitos en torno a la violación, que se utilizarán para justificar la imposición de penas que a menudo no son acordes a la gravedad de los hechos. Por eso, incluso en aquellos casos en los que las víctimas obtienen una sentencia condenatoria para sus agresores, no es raro que muchas afirmen que, de haber sabido lo que les esperaba, no habrían denunciado.

El poder judicial tiene la responsabilidad de eliminar todos aquellos obstáculos que dificulten el acceso de las mujeres a la justicia en igualdad de condiciones, y no ser herramientas de consolidación de las desigualdades, pero los jueces no están por encima de los sesgos discriminatorios porque forman parte de la sociedad en la que se insertan. Las creencias sobre el consentimiento y la libre elección que aún se manejan de forma generalizada son las que permiten explicar por qué a pesar de la consecución de cambios legislativos que protegen a las mujeres algunos jueces siguen viendo «jolgorio» en lugar de violaciones. Así pues, se hace imprescindible analizar los mitos en torno al consentimiento sexual y cómo estos tienen su impacto en las leyes y su aplicación.

Uno de los ámbitos en los que las mujeres se encuentran más rezagadas en cuanto a empoderamiento y libertad de elección es el de su capacidad para rechazar proposiciones sexuales, lo que inmediatamente remite a la noción de consentimiento. De hecho, puede rastrearse la existencia de una ofensiva persistente desde los años setenta encaminada a asegurar el consentimiento sexual de las mujeres en nombre, precisamente, de dicho empoderamiento. La revolución sexual impulsada en aquellos años fue rápidamente colonizada por el pensamiento patriarcal para establecer de manera perversa un falso paralelismo entre sexualidad, empoderamiento y libertad.

Así pues, es en esa época cuando comienza a enviarse el mensaje de que la mujer liberada, y, lo más importante, empoderada, sería aquella que fuese capaz de dejar atrás el código del recato impuesto históricamente y estuviese dispuesta a manifestar y llevar a cabo abiertamente sus deseos y fantasías. Así que, de la noche a la mañana, una sociedad que hasta hacía dos días iba a misa todos los domingos aplaudía de repente ante la idea de que las mujeres pudiesen acostarse con quien quisiesen sin necesidad de estar casadas y, además, se metía de lleno en lo que vino a llamarse «el destape», que se nos vendió como el colmo de la liberación y la modernidad. Pronto, «la mujer desnuda» se convirtió en sinónimo de liberación y empoderamiento, aunque nadie se molestó en preguntar quién se había liberado o empoderado efectivamente con ello, porque lo que no se mencionó es que liberarse en lo sexual no significa necesariamente liberarse de las relaciones de poder. El discurso de la emancipación a través de la conducta sexual ha llevado, por el contrario, a otra clase de tiranía en la que las mujeres pueden verse en la obligación de tener que estar dispuestas a aceptar todo tipo de prácticas, porque la liberación parece haber sido enunciada únicamente en términos de consentimiento, pero no en sus contrarios. Sin embargo, y siguiendo a Tiganus (2021), libertad sexual no es «follar con todo el mundo». Es decir «no» y que ese sea el fin de la conversación, no el comienzo de una negociación.

Así pues, la revolución sexual de los sesenta y setenta trajo consigo una serie de reformas legales que ensancharon los derechos de las mujeres, pero tuvo también una vertiente antifeminista que, entre otras cosas, acabó por colocarnos un modelo de la liberación basado en la sexualidad indiscriminada con la que los únicos que terminaron verdaderamente liberados fueron los hombres. A esto habría que sumarle, además, la alianza establecida a partir de los ochenta entre neoliberalismo y patriarcado, de tal modo que, combinados, el cuerpo de las mujeres empezó a considerarse como un artículo más de mercado, y términos como «transgresión» y «liberación» pasaron a convertirse en meros eslóganes con los que incluso la prostitución o la pornografía se presentaron como actividades con las que empoderarse.

En el momento actual asistimos al uso de una estrategia de apropiación por parte del patriarcado de los términos «empoderamiento» y «libre elección», con cuyo uso pretende ofrecerse una falsa imagen de defensa de la igualdad pero tras la que se esconde un nuevo intento de cosificación de las mujeres y de naturalización de los estereotipos de género, siendo posible detectar aquí una clásica maniobra del antifeminismo que algunos autores definen como un «contramovimiento social» (Meyer y Staggenbord, 2006) que «se constituye por reacción a las diferentes olas de movilización feminista, adquiriendo formas organizativas y prácticas discursivas adaptadas a cada momento histórico» (Bonet-Martí, 2020).

En este sentido, Puleo (2005) advierte de que el patriarcado ha sabido mutar y pasar de ser coercitivo en sus orígenes a ser «consensuado» en el momento actual, pudiendo atribuírsele el mérito de haber conseguido que, sin necesidad de utilizar la violencia salvo en casos extremos, sean ahora las mujeres las que elijan «voluntariamente» aquello que las oprime y se les haga creer, además, que están haciendo uso de su libre elección. De este modo, en nuestro país, las mujeres ya no serán encarceladas o asesinadas por no cumplir las exigencias de los roles sexuales, pero, a cambio, el sistema se encargará de socializarlas de tal forma que serán ellas mismas quienes buscarán de manera «voluntaria» ajustarse a ellas (Puleo, 2005).

En la actualidad, son los medios de comunicación y, especialmente las redes sociales, quienes se encargan de marcar las pautas sobre la nueva normativa para las mujeres, que habitualmente se acompañan de mensajes supuestamente emancipadores y empoderantes que persiguen que las mujeres los perciban como deseables para conducirlas a que sean ellas mismas, como sujetos «libres de elección», las que busquen su cumplimiento. Así, la noción de empoderamiento ha pasado de discurso político por la reestructuración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres a convertirse en una categoría vacía que ofrece como liberadores y transgresores los mismos estereotipos sexistas de siempre, aunque envueltos ahora bajo una capa de modernidad y de defensa de la libertad de elección.

Por tanto, el patriarcado del consentimiento y el neoliberalismo van a celebrar y defender la libertad de elección de las mujeres, pero solo al leer entre líneas nos daremos cuenta de que lo hacen únicamente cuando pueden rentabilizar las ganancias a su favor. Así, la sexualidad y el placer vienen a representar en la actualidad el papel de sustitutos de la emancipación y la liberación y, de este modo, actividades como la prostitución o la pornografía pueden ya ofrecerse como liberadoras y transgresoras. Pero al mismo tiempo, cuando las mujeres cuestionen esa visión y reivindiquen otras formas de empoderarse, también podrán ser categorizadas, automáticamente, como ese grupo de «envidiosas», «resentidas» e «intolerantes» que se atreven a decir a otras mujeres lo que deben hacer.

Desde esta perspectiva, desplegar los comportamientos mencionados será considerado liberador porque la mujer así lo decide. Todo es válido si se añade el argumento de que lo hace porque quiere, porque nadie la ha obligado, pero se obvian intencionadamente los procesos de socialización a los que las mujeres están siendo sometidas y los mensajes sexistas con que se las bombardea constantemente. De hecho, mientras que el neoliberalismo trabaja activamente para trasladar la responsabilidad a los individuos, el patriarcado, por su parte, se encarga de ocultar que las elecciones personales de esos mismos individuos continúan estando atravesadas por la jerarquía sexo/género, de modo que las personas van a seguir programadas para elegir o desear cosas distintas en función de su género. Quizá por eso sean las mujeres las que, mayoritariamente, «deciden» «empoderarse» ejerciendo la prostitución, mientras que los hombres lo que eligen es ser puteros. Del mismo modo, la «libertad de elección» hace que sean las mujeres las que de manera habitual decidan sacrificar su comodidad para adaptarse a una estética que resulte atractiva a los hombres, mientras que estos eligen libremente ir cómodos con vaqueros y zapatillas.

En conclusión, el falso mensaje de la igualdad y la libertad de elección permite que los estereotipos y roles diferenciados se sigan explicando como un reflejo del orden natural de las cosas, facilitando que cualquier intento de volver a contextualizar la elección de las mujeres como resultado de la socialización sexista sea tachado de paternalista y condescendiente, cuando no como un atentado a su libertad de elección. Así pues, y en este contexto, no es de extrañar que la visión del sistema de justicia y otras instituciones en torno a la violencia sexual esté contaminada por el discurso de que las mujeres son ya agentes autónomos que no se encuentran restringidos por la desigualdad o los desequilibrios de poder (Gill, 2007).

Sin embargo, por más que se insista en ese mensaje, la conceptualización androcéntrica, o más concretamente, falocéntrica, que históricamente se ha hecho de la sexualidad sigue estando vigente, y la visión masculina continúa prevaleciendo a la hora establecer la definición no solo de lo que es o no el consentimiento, sino también de lo que es el sexo, lo que en la práctica suele reducirse a una sola cosa: el coito. De este modo, cualquier conducta que no implique penetración puede quedar fuera de la definición de relación sexual. Sin embargo, al mismo tiempo, cualquier comportamiento que acompañe a la penetración, incluida la violencia, podrá ser categorizado como relación sexual en lugar de agresión. Esto significa que, en la práctica, los hombres pueden conceptualizar la violencia sexual únicamente como sexo a pesar de que las mujeres no lo vivan de esa forma, y esto permitirá hacer pasar por relación sexual lo que no lo es, dificultando con ello la detección de la violencia no solo por parte de los hombres, sino también por parte de las propias mujeres.

Según el informe sobre la percepción social de la violencia sexual publicado en 2018 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el 96 % de los hombres manifiesta su rechazo a la trata con fines de explotación sexual; pero después, solo el 31 % considera que el consumo de prostitución debería ser castigado por la ley ya que, de todos los comportamientos analizados, la prostitución es el que menos personas identifican como violencia sexual. Además, el 55,9 % explica las agresiones sexuales mediante argumentos que exculpan al agresor (consumo de drogas, enfermedad mental, no poder controlarse, etc.) a lo que hay que añadir un 4,1 % que no sabe o no contesta, lo que arrojaría un 60 % de personas dispuestas a justificar o eximir al agresor de su responsabilidad en alguna medida. Asimismo, el 26,9 % de los hombres considera que las agresiones sexuales se denuncian siempre o casi siempre (lo que contrasta con los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, que revela que solo se denuncian aproximadamente un 8 % de las agresiones) y un 40,1 % considera que las denuncias falsas son comunes en este tipo de delitos. Por ello, no es de extrañar que el funcionamiento de la justicia y de ciertas instituciones sea con frecuencia un reflejo bastante fiel de este estado general de las cosas.

Todavía hoy las violaciones se siguen viendo como sucesos que ocurren de madrugada, en callejones oscuros o descampados solitarios, y los violadores siguen siendo considerados unos pervertidos que, agazapados tras un arbusto, acechan a sus víctimas para abalanzarse sobre ellas por la espalda. Por eso, lo que muchos hombres practican casi siempre se trata de otra cosa: igual la víctima se emborrachó, se acostó con él y ahora dice que la han violado porque se arrepiente; lo mismo ella le está poniendo una denuncia falsa por despecho o por venganza o puede que ella no fuese clara y que el pobre haya sido víctima de un malentendido. Es decir, todo lo que no se ajuste a la imagen estereotipada de lo que entendemos que es una violación podrá retratarse, en el mejor de los casos, como una situación de «ambigüedad sexual» ocasionada por la incapacidad de las mujeres de expresar su negativa de manera clara, lo que permitirá, por el mismo precio, que los agresores puedan representar el papel de perjudicados al colocarse a sí mismos como víctimas de los mensajes confusos de éstas.

De este modo, el argumento del consentimiento se está utilizando como «fórmula magistral» para prevenir las agresiones, al partir de la creencia de que, al no ser expresado por las mujeres de manera clara, esto da lugar a «malentendidos sexuales» que colocan a los hombres en una situación de ambigüedad en la que esos límites podrían ser fácilmente traspasados sin que medie una percepción de que efectivamente se están traspasando, lo que abre la posibilidad a que, con posterioridad, una denuncia por violación sea vivida por los agresores como algo incomprensible y sorpresivo, sintiéndose, según dicen, inseguros y desprotegidos ante las acusaciones de cualquier mujer.

Pero los argumentos anteriores parten de una doble falacia: en primer lugar, porque aceptan la creencia de que los hombres no agreden, sino que simplemente traspasan los límites de las mujeres sin ser conscientes de ello (por supuesto como consecuencia de la poca claridad de éstas últimas). En segundo lugar, porque dan por hecho que todos los hombres frenarán su conducta ante la negativa de una mujer. Sin embargo, «tras el consentimiento sexual se esconde un fenómeno social con marca de género que colabora con la dominación masculina al reproducir el modelo dicotómico hombre-activo/mujer-pasiva, y que descarga en las mujeres la responsabilidad de establecer límites a los avances masculinos, que, por su parte, son naturalizados y considerados culturalmente como inevitables» (Pérez, 2016, p. 743).

Así, «a nivel simbólico, social y subjetivo, consentir se estructura a partir de un sistema de oposición jerárquicamente organizado y fundamentado en el orden sexual: es responsabilidad de las mujeres establecer límites a los intentos masculinos por obtener algo de ellas» (Pérez, 2016, p. 743), de la misma manera que lo es poner precauciones ante los embarazos no deseados o la adopción de cualquier otra medida de autoprotección. En consecuencia, mientras que el consentimiento acaba convirtiéndose en un asunto «común» para las mujeres, para los hombres es extremadamente raro, ya que, al ser considerados agentes activos a la hora de iniciar una relación sexual, no necesitan proclamar que la han consentido. De esta manera, dar o conseguir aprobación se convierte en un tema serio para las mujeres porque las consecuencias de aceptar o rechazar no recaen en nadie más que en ellas.

Pero no hay que olvidar que el consentimiento de la mujer también está edificado en torno a varias mentiras: la primera, el pretendido control y empoderamiento de las mujeres a través de la sexualidad; la segunda, su supuesta libertad para decidir el tipo de sexo que quieren y con quién tenerlo; la tercera, la suposición de que las mujeres siempre tienen claro lo que quieren, lo que de paso ignora todos los condicionantes socio-culturales que influyen en sus deseos. Por eso, mientras no se desmantele la idea de que el sexo es una necesidad o un derecho para los hombres, cualquier intento de liberación sexual para las mujeres acabará desarrollándose inevitablemente en términos de disponibilidad para ellos.

Tanto la perspectiva centrada en el «sí es sí» como la del «no es no» en relación al consentimiento suponen un arma de doble filo para las mujeres, ya que se está cargando sobre sus espaldas la responsabilidad de decir claramente lo que quieren (lo que, de paso, les estaría negando el derecho a no saberlo) de tal modo que la «culpabilidad» en caso de agresión o de una relación insatisfactoria recaerá solamente en ellas, y eso no modifica en modo alguno la dinámica de poder entre hombres y mujeres. Pero al mismo tiempo, el discurso de la liberación no ha supuesto liberarse de otros discursos, ya que el doble rasero sigue presente de manera muy clara cuando se trata de juzgar el comportamiento sexual de las mujeres. Por un lado, se las anima a expresar sus deseos y a experimentar abiertamente en el sexo, pero después eso mismo será utilizado en su contra si son agredidas, ya que se interpretará como la prueba fehaciente de su perversión e imprudencia.

La psiquiatría y la psicología actuales también contribuyen al sostenimiento de los roles y las expectativas sexuales diferenciadas en torno al consentimiento a través de sus definiciones de lo normal y lo patológico. En su libro El buen sexo mañana. Mujer y deseo en la era del consentimiento, Angel (2021) señala cómo el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. APA, 2014), en el apartado dedicado a las disfunciones sexuales, habla del «trastorno del interés/excitación sexual femenino» por un lado y del «trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón (sic)» por otro.

El lenguaje es muy importante, ya que lo que pudiera parecer una mera cuestión semántica en realidad se asemeja más a una declaración de intenciones: la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) deja claro que el deseo es patrimonio del varón, deslizando por el mismo precio la idea de que se trata de una necesidad profunda, mientras que el papel de la mujer parece ser el de responder a ese deseo con interés y/o excitación. Por lo tanto, no ajustarse a ese ideal (heteronormativo) derivará en el diagnóstico de desórdenes del deseo para ellos y del interés o de la excitación para ellas. Nada que no dijera Freud a principios del siglo pasado. Y nada que no nos diga tampoco la pornografía en pleno siglo xxi.

De este modo, el DSM-V (2014) apuntala el mito patriarcal de que los hombres (en masculino) han de estar siempre «dispuestos», pero al mismo tiempo se naturaliza la idea de que la sexualidad femenina es de tipo receptivo y que las mujeres deben mostrar automática y obligatoriamente interés y excitación ante las insinuaciones de cualquier hombre, alentando así su consentimiento. Sin embargo, hay que tener mucha sangre fría para sostener sin rubor un discurso según el cual se anima a las mujeres a interesarse activamente por el sexo (hasta el punto de ser diagnosticadas como trastornadas si no lo hacen) mientras que al mismo tiempo se las sigue castigando socialmente por hacerlo.

El DSM-V (2014) ignora de manera interesada el bagaje cultural que arrastramos hombres y mujeres, olvidando que los tabúes y las normas patriarcales son potentes inhibidores del interés sexual en las mujeres, aunque no necesariamente del deseo que, sin embargo, el manual parece estar negando al no nombrarlo ni tenerlo en cuenta. En su lugar, la sexualidad femenina es sometida a unos mandatos y a sus contrarios, y a las mujeres se les recuerda a diario la amenaza de violencia masculina sobre ellas a la vez que se las responsabiliza por ello. Con todo eso en mente, la sociedad posmoderna se permite exhortar a las mujeres a que muestren sus deseos y su placer como si nada pasara. Pero sí que pasa: las mujeres se verán en la obligación de dejar sus deseos a un lado y sopesar todos los costes y beneficios antes de decidir si «acceden» a los deseos del varón, por lo que a menudo su consentimiento no obedecerá a un deseo genuino, sino al miedo a que las consecuencias sean peores (Popova, 2021).

Así pues, las actitudes que ignoran, minimizan o incluso fomentan mediante actitudes misóginas la violencia sexual hacia las mujeres acaban teniendo reflejo en las leyes y en el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, la legislación de la violencia sexual en los sistemas penales se ha caracterizado tradicionalmente por estar enunciada en los términos anteriores, y prueba de ello es su histórica categorización como delito contra el honor o la honestidad. Esta forma de conceptualizar las agresiones sexuales es importante porque, de acuerdo con ella, no era el honor o la honestidad de las mujeres agredidas lo que debía salvaguardarse sino el de sus familias, reflejando así la clásica idea de que las mujeres son las únicas depositarias de la moral de la familia o la comunidad e intensificándose de este modo el control sobre su sexualidad. Así, el honor que se consideraba dañado no era el de la víctima, sino el de terceras personas, porque el «bien jurídico» que se protegía no era el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, sino el «derecho» de las familias (o más concretamente, de los hombres de la familia) a vivir de acuerdo con la tradición y las costumbres, unas costumbres que aún consideraban a las mujeres como propiedad de los varones y, según las cuales, si otro quería acceder sexualmente a ellas era el consentimiento del padre, el hermano o cualquier otro familiar varón el que se requería, pero nunca el de la propia mujer.

Esta manera de legislar no solo revela la mentalidad patriarcal de quien redacta las leyes, sino que también contribuye al refuerzo y sostenimiento de los estereotipos de género que colocan a las mujeres como únicas responsables de proteger su integridad sexual, lo que entronca directamente con la noción de consentimiento. La sociedad en su conjunto, y el sistema legal en particular, siempre han partido de un prejuicio histórico que considera las agresiones sexuales como resultado de la actuación incorrecta de la mujer, bien por incumplimiento de los mandatos de género que tiene asignados (no vayas sola, no vuelvas tarde, no bebas, etc.) o bien porque con su comportamiento no ha sabido transmitir adecuadamente su falta de interés en las relaciones sexuales. Así, es habitual que las mujeres sean alternativamente acusadas de provocar su agresión o de confundir a sus agresores al no haber sabido comunicar efectivamente el consentimiento (o, mejor dicho, la falta de este).

Esta visión todavía se utiliza en muchos países para sancionar los delitos perpetrados desproporcionadamente contra las mujeres, de modo que la sumisión de la mujer pasaría a formar parte de la propia norma. Así es como las normas jurídicas se han encargado de reforzar y difundir los estereotipos de género que históricamente han colocado a la mujer en un plano inferior al del hombre, justificándolo además sobre la base de un supuesto orden natural. En España, por ejemplo, el Código Penal de 1822 (Callejo y Martínez, 2022) solo contemplaba que las víctimas de violación fueran mujeres, contemplando una determinada pena en caso de que estas fueran casadas (art. 669) pero la mitad en caso de ser mujeres «públicas» (art. 670), poniéndose así de manifiesto la clásica distinción patriarcal entre la «santa» y la «puta», a consecuencia de la cual no se proporcionaba la misma tutela a todas las mujeres, ya que solo las consideradas honestas eran merecedoras de mayor protección. No obstante, la denominación «delitos contra la honestidad», como tal, no aparece por primera vez hasta el Código de 1848, donde la pérdida de la reputación de la mujer se entremezclaba con el honor masculino como consecuencia de la visión androcéntrica de la sexualidad femenina (Altuzarra, 2020).

Así pues, posteriores códigos penales como el de 1973 (Decreto 3096, 1973), por ejemplo, incluían la violación dentro de los delitos contra la honestidad, y su artículo 112.5 establecía que la pena podía quedar extinguida por perdón del ofendido. Por su parte, el artículo 443 señalaba que en los delitos mencionados en el párrafo primero de ese artículo (delitos de violación, abusos deshonestos, estupro y rapto), el perdón expreso o presunto del ofendido, mayor de veintitrés años, extinguía la acción penal o la pena impuesta o en ejecución, siendo que el perdón se presumía por el matrimonio de la ofendida con el agresor. Esto daba lugar a que, en muchas ocasiones, las víctimas, además de haber sido violadas, fuesen sometidas a una campaña de amenazas y acoso por parte de los agresores y sus familias hasta obtener el «perdón» y evitar así la cárcel. Por ello, tomar como referente la moral pública en lugar del daño causado a la persona revela el evidente componente patriarcal de las leyes, al abogar el Estado por un concepto según el cual la mujer no está protegida en relación con su libertad personal, sino en relación con el poder que el marido o la familia ejercen sobre ella.

Según el informe publicado en 2021 por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado Mi cuerpo me pertenece, este tipo de normas siguen siendo una realidad en numerosos países y en otros solo han sido derogadas en tiempos muy recientes (Palestina en 2018, Túnez, Jordania y Líbano en 2017, Bolivia en 2013, Costa Rica en 2007, Uruguay en 2006 o Francia en 1994). En nuestro país, por ejemplo, hubo que esperar hasta el 22 de junio de 1989 para que el BOE publicara la Ley Orgánica 3 de 1989 de actualización del Código Penal, por la que se modificó el artículo 338 bis, párrafo primero, y se introdujo el cambio de denominación a «delitos contra la libertad sexual».

Pero por más que las leyes actuales hablen formalmente de delitos contra la libertad o la integridad sexual, la mayor parte de víctimas de agresiones sexuales siguen sufriendo todavía en el presente las consecuencias de ese pasado no tan lejano, ya que la práctica habitual demuestra que muchos de los actores implicados en el escenario jurídico siguen manejando las viejas categorías que los definían como delitos contra el honor. Las víctimas no solo siguen siendo cuestionadas por una parte de la sociedad o incluso por su propio entorno, sino que también son objeto de victimización secundaria a manos del mismo sistema de justicia, para el cual, y bajo la influencia de esa «herencia recibida», sigue siendo práctica habitual escudriñar en las vidas privadas de las víctimas, pareciendo así más interesado en cuestionar su honestidad que en demostrar la agresión que han sufrido. Solo de ese modo se explica por qué tantos interrogatorios en sede judicial se centran en la conducta de la víctima (no solo antes, sino también después de la agresión) en lugar de centrarse en la de los agresores.

«¿Qué llevabas puesto aquel día?», «¿Qué hiciste después de la violación?», «¿Seguiste con tu vida normal?» o «¿Cerró usted bien las piernas?» son preguntas que de manera habitual se siguen formulando a las víctimas en los juicios por violación (no así en otros delitos), poniendo de manifiesto que todavía hoy se considera que el comportamiento de estas, o la ropa que llevaran, son importantes a la hora de sufrir una agresión sexual. Así pues, el consentimiento es algo que se da por hecho y que, por tanto, la víctima ha de afanarse en desmentir (esfuerzo que, por cierto, no se exige a ninguna otra víctima), ya que al parecer las mujeres que visten de determinada forma o que beben alrededor de los hombres es porque quieren y consienten tener sexo con ellos. Como apunta Popova (2021), comportamientos que no tienen nada que ver con el sexo ni con el consentimiento se toman sin embargo como sinónimos de ambos, hasta el punto de llegar a tener más valor para determinar la existencia de consentimiento que un «no» por parte de las mujeres.

Los efectos a nivel psicológico que los procesos penales tienen en las víctimas son bien conocidos, dando lugar a la llamada «victimización secundaria» que, en muchas ocasiones, resulta incluso más dañina que la propia agresión y que podría explicar, al menos en parte, la baja tasa de denuncias en este tipo de delitos. Numerosas investigaciones muestran que la repercusión de este tipo de victimización puede alcanzar su grado máximo cuando la estrategia de defensa se centra en la propia víctima aduciendo lo inadecuado de estar en aquel lugar, que había tenido relaciones previas con el agresor (o con cualquier otro hombre), su supuesta falta de reacción y negativa firme o que lo ambiguo de su actitud pudo llevar al agresor a error o a pensar que había aceptado libremente (Rubio y Monteros, 2001). Diferentes estudios (Amnistía Internacional, 2018; Camplá, Marcos, Fariña y Arce, 2019; Camplá, Gancedo y Novo, 2019; Grevio, 2020) demuestran que en más de la mitad de los casos las estrategias de defensa de los agresores adoptan los argumentos mencionados en alguna de sus formas, ya sea insinuando que la víctima consintió o propició la agresión o afirmando directamente que miente.

En consonancia con lo anterior, al realizar una comparativa entre diferentes sentencias por delitos contra la libertad sexual seleccionadas al azar se observa que cuando existe una relación de parentesco o noviazgo entre las partes, las probabilidades de que el acusado sea absuelto son mayores. Y lo mismo sucede con las agresiones puntuales frente a las reiteradas, encontrando que, paradójicamente, es en el caso de las segundas donde más dificultades existen para hallar sentencias condenatorias. Por otro lado, es igualmente llamativa la frecuencia con la que, cuando en una agresión sexual concurre otro delito (habitualmente un robo con violencia), la pena de mayor cuantía suele recaer en este último.

Todo lo anterior revela la falta de perspectiva de género con que las leyes y su aplicación están planteadas, pues no es difícil imaginar (a menos que se sea un hombre, así parece) que para cualquier mujer es mucho más traumático ser asaltada sexualmente que el robo de un teléfono móvil o un monedero. Según datos del Ministerio del Interior (2022), en el año 2021 se interpusieron un total de 17.016 denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual, hallándose la tasa de esclarecimiento por parte de la policía en torno al 80 %. Estos datos contrastan con los ofrecidos en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (2022), que recoge 3.881 condenas por este tipo de delitos en ese mismo año. Así pues, el número de condenas en ese periodo supone únicamente un 22,8 % del total de las denuncias interpuestas. Además, las denuncias por delitos contra la libertad sexual pasaron de 3.446 entre enero y marzo de 2021 a 4.191 en los tres primeros meses de 2022, lo que supone un 21,6 % más. Pero si tenemos en cuenta que según la macroencuesta de violencia de género solo se denuncian aproximadamente el 8 % de los casos, el número de condenas supondría entonces que el 98,2 % de los agresores quedan impunes.

Por su parte, las conclusiones del informe elaborado en 2020 por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona (GEAV) para el Ministerio del Interior son aún más pesimistas, ya que estima una cifra negra de criminalidad en este tipo de delitos en torno a 400.000 al año, lo que supondría que, en contra de los datos que ofrece la macroencuesta de violencia de género, solo se denunciarían alrededor del 4,25 % de las agresiones cometidas y que los agresores solo serían condenados el 0,97 % de las veces (Andrés Pueyo et al., 2020).

De acuerdo con lo anterior, casi se puede afirmar que las agresiones sexuales en España quedan impunes, pero después nos extraña que las mujeres no confíen en la justicia. Por lo tanto, no es descabellado afirmar que la cultura de la violación está lejos de ser desmantelada y que, de hecho, se reproduce de manera habitual en los procesos judiciales. Los cambios sociales en las últimas décadas no se han traducido en una mejor comprensión de la violencia sexual, y la interpretación que jueces, fiscales y abogados hacen del consentimiento está lejos de ser neutral, hasta el punto de que los falsos mitos en torno a las agresiones sexuales se utilizan habitualmente como argumentos de defensa sin que nadie suela ponerlos en duda. Esto se traduce en un sistema de justicia que victimiza por partida doble a las mujeres que se atreven a denunciar y disuade al resto de hacerlo.

Las normas sociales y los estereotipos sexistas en torno al consentimiento pueden socavar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en libertad, fomentando que se abstengan de rechazar proposiciones sexuales por miedo a las consecuencias, así como que eviten acudir al sistema de justicia para reclamar sus derechos.

En este sentido, modificar las leyes para que apliquen la perspectiva de género es un paso importante para eliminar las formas más evidentes de discriminación, pero dicha modificación debe ir acompañada de una revisión del contexto social ya que, de hecho, este puede ser tanto o más determinante a la hora de producir efectos discriminatorios. Así pues, los actores implicados en el escenario jurídico han de revisar sus propios sesgos machistas y la forma en que estos pueden quedar reflejados en una sentencia, ya que por mucho que las mujeres se empoderen y exijan sus derechos, el avance en esta materia también depende, y en buena medida, de la disposición de los hombres a cambiar su mentalidad y a despojarse de los privilegios que les colocan en una posición de poder sobre ellas.

La reciente aprobación de la ley del «solo sí es sí» ha situado el consentimiento como eje central a la hora de determinar la existencia de una agresión sexual, pero la rebaja de penas que ha traído consigo su entrada en vigor está generando una nociva sensación de inseguridad y desprotección en las mujeres, reactivando así el viejo debate punitivismo vs. antipunitivismo.

Sin embargo, aunque el aumento de las penas por violación pueda ser una forma de canalizar la rabia de las víctimas, no implica ningún cuestionamiento del sistema ni de la justicia en sí, porque de poco sirve endurecer el Código Penal si después hay jueces que siguen viendo «jolgorio» en lugar de violación. La mayoría de las víctimas no buscan tanto una condena «ejemplar» como un reconocimiento del daño que han sufrido, y este reconocimiento no siempre pasa por la imposición de penas más duras, sino por recibir un trato digno por parte del sistema que se supone que está para protegerlas. El artículo 3 de la Ley 4/2015 de 27 de abril establece que:

Sin embargo, a pesar de ello, la calidad de la atención que reciben depende en muchas ocasiones de la sensibilidad particular de la persona que las atiende, y eso es inaceptable. Las políticas de prevención eficaces han de ser multidisciplinares. Se han de emprender campañas de educación sexual serias y acometer reformas en el sistema de justicia que incluyan una mejor formación en perspectiva de género para los profesionales implicados que lleve a una adecuada atención a las víctimas. Hay que abordar el problema de la prostitución y la pornografía, contrarrestando los mensajes supuestamente progresistas que tratan de presentarlas como «trabajo» o conductas empoderantes. Hay que exigir una adecuada conceptualización de los delitos sexuales y que estos sean reconocidos como violencia específica contra la mujer, porque así lo establece el Convenio de Estambul que nuestro país ratificó (Instrumento de ratificación de Convenio de Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 2014). Y hay que combatir los discursos de aquellos que proponen derogar las leyes de igualdad y contra la violencia de género porque consideran que criminalizan a los hombres y que han sido aprobadas por «feminazis psicópatas de género» (Serrano, 2015).

Las reformas, por tanto, no pueden limitarse solo al sistema de justicia, porque esto supondría únicamente un grano de arena en medio del desierto. El patriarcado es la estructura torno a la cual está edificada la sociedad y para su demolición no basta con colocar una sola carga. Solo cuando la jerarquía sexual quede definitivamente desarticulada, el término empoderamiento perderá su sentido y podremos hablar de auténtico consentimiento y de libre elección.

Los modelos familiares, laborales y de vida han cambiado más que significativamente en el último siglo, en una sociedad globalizada donde los movimientos migratorios y el contacto con otras culturas y sociedades es cada vez más evidente. Los cambios en la estructura familiar han sido vertiginosos en los últimos años, tanto en el Estado español como en el contexto europeo. Tanto es así, que la familia nuclear que se mantiene sin apenas cambios toda la vida no es ya la norma, sino un caso más en un amplio abanico de formas diversas de organización (Beck-Gernsheim et al., 2003). Las sucesivas crisis económicas, con las consecuentes olas de exclusión social, marginación y violencias que traen consigo; la falta de democracia económica, así como el papel de las grandes multinacionales y oligopolios en la vida política y social de los Estados, están dando como resultado cambios profundos en todas las áreas de nuestra sociedad que impactan irrefrenablemente en nuestra rutina diaria —exigencias laborales, estrés, cambio de hábitos, etc.— (Peire y Di Stefano, 2022).

Si circunscribimos el debate al ámbito de la salud, vemos cómo al menos la mitad de la población mundial continúa sin acceso a servicios esenciales de salud, y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a vacunas y medicamentos de calidad en muchas partes del mundo dificulta la consecución de una vida sana (Cárdenas, 2022).

Pensemos, sin ir más lejos, en la presión social y cultural de tener hijos antes de cierta edad y cómo dicha presión ha de conjugarse por fuerza con las demandas actuales del mundo laboral (igualdad salarial, oportunidades de contratación y promoción, etc.) y el resto de prioridades en la vida de la mujer. En tales contextos, la maternidad puede ser vista como una carga en lugar de un derecho, lo que puede llevar a la discriminación en el lugar de trabajo y a la decisión natural de la mujer de posponer todo lo posible tener hijos (Díaz, 2023, p. 2).

Durante los últimos años, la demanda de servicios de reproducción asistida ha sufrido un progresivo incremento que se debe, por un lado, a la creciente accesibilidad a las técnicas reproductivas (Solís, 2000, p. 40) y, por otro, a la transformación del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad, ya que su incorporación masiva al mercado laboral ha conllevado el retraso de su «edad reproductiva social» (Enguer y Ramón Fernández, 2018: 106). Al fin y al cabo, el periodo de máxima fecundidad de la mujer es el que comprende entre los 20 y los 35 años (Carrera, 2022, p. 5).

De igual manera, existe un factor que antaño no suponía un problema real para las sociedades, y es la longevidad prolongada que han ido adquiriendo las personas, sumada a la volatilidad y exigencias del mercado laboral y cómo estas resulta en un retraso sistemático en el nacimiento del primer hijo. La longevidad adquirida de las mujeres hoy día es uno de los factores clave para la salud reproductiva. Ahora mismo nos encontramos ante una media de 85 años de vida en el caso de las mujeres, sobre todo en Europa (Díaz-Olalla, 2022, p. 320), lo que hace que estas quieran retrasar cada vez más la maternidad y planificar su fertilidad. Sin embargo, no podemos olvidar que la posibilidad de tener hijos de manera natural disminuye con la edad, lo que puede llevar a la mujer a la búsqueda de opciones de reproducción asistida.

La liberación de la mujer en la década de los sesenta abrió las puertas al uso de métodos anticonceptivos como la píldora anticonceptiva o el DIU (Enricci, 2022, p. 30), dispositivos que regulan la anticoncepción. No obstante, hoy en día sigue sin existir información clara, completa y de fácil acceso sobre salud reproductiva para la mujer (Gahete, 2022, p. 1263). Aunque solemos tener nociones o educación sobre cómo una mujer puede no quedarse embarazada o evitar un embarazo, nadie nos enseña o nos educa en salud reproductiva a la hora, por ejemplo, de buscar un embarazo o de entender el amplio espectro de la fertilidad y la planificación familiar.

No es de extrañar, si tenemos todos estos factores en cuenta, que nos encontremos hoy día con cuestiones relacionadas con la maternidad que están en pleno centro del debate, como pueda ser la gestación subrogada¹. El retraso de la maternidad, ligado a los factores que hacen que sea más difícil buscar un embarazo a medida la mujer cumple años, ha hecho que la maternidad subrogada esté cada vez más en boga. Pese a que en la mayoría de los países europeos está prohibida esta técnica, nos encontramos con muchos casos de mujeres o parejas (también parejas homosexuales) que intentan acceder a esta técnica ya sea por circunstancias físicas (factores uterinos graves, abortos de repetición, etc.) o psicológicas (Fernández Canales, 2017, p. 5). La problemática ética de este tipo de tratamiento o técnica, a la par que su dimensión jurídica, parece estar más de actualidad que nunca.

Así, la práctica de la gestación subrogada, o por sustitución, descrita ya en 2012 por el Departamento de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de la Unión Europea (Conferencia de la Haya, 2012, p. 10)² , parece haber desatado en los últimos años un acalorado debate social a nivel europeo (también en España) debido a los problemas éticos y jurídicos que plantea; y como sucede en otros temas relacionados con el cuerpo femenino como el aborto o la prostitución, las posturas no solo son contrapuestas sino que, llamativamente, todas ellas apelan a distintos derechos fundamentales de las partes implicadas.

La Organización Mundial de la Salud (2009) define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo que se caracteriza por la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales sin protección, ya sea debido a aspectos fisiológicos o, como hemos visto, aspectos sociales (Flores, 2022, p. 357).

El origen de la esterilidad, en un 30 % de los casos, es atribuible a la mujer; en otro 30 %, al hombre; en un 25 %, es mixta y, en un 15 %, es de origen desconocido (Urgellés Carrera et al., 2012, p. 535). A pesar de ser un problema que afecta de igual manera a hombres y mujeres, las mujeres han sido y siguen siendo consideradas las responsables de la reproducción. De hecho, tanto la sociedad como las propias mujeres han internalizado la reproducción como algo propio y exclusivo que forma parte de ellas mismas y que constituye un elemento fundamental de su identidad. Esto entronca directamente, como hemos apuntado ya, con un déficit sistémico de conocimientos en salud reproductiva, base de los derechos sexuales de la mujer.

Junto a la esterilidad, el otro gran desconocido en la salud sexual y reproductiva de la mujer es, de acuerdo con Távara (2017, p. 397), el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales, que comprenden el derecho básico de toda persona a tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura; esto es, libre de enfermedad, lesiones, coerción o violencia, e independientemente de la situación reproductiva de cada uno; a tener acceso a una educación en sexualidad que sea oportuna, integral, gradual, científica y con enfoque de género; a que se respete a su identidad sexual y de género; y a contar con información y servicios de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Los derechos reproductivos comprenden, así pues, el derecho básico de toda pareja y de toda persona de decidir libre y responsablemente sobre el número, el espaciamiento y la oportunidad de tener hijos/as y de tener la información y los medios de hacerlo, así como acceder plenamente a los métodos para regular la fertilidad (Guevara, 2020, p. 7). Asimismo, implican contar con servicios de calidad para el cuidado de las personas gestantes, recibir atención de emergencia y contar con todos los insumos para garantizar la maternidad saludable y segura.

Algunos de estos derechos sexuales y reproductivos, señalados recientemente por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer Chilena (según Borda Altamirano, 2023), pero extrapolables a escala global, son los siguientes:

Desde tal perspectiva, los derechos sexuales y reproductivos se pueden adscribir a un territorio conceptual que se define en términos de poder de acceso a recursos: recursos para tomar decisiones informadas sobre la reproducción, la crianza de los hijos, la salud reproductiva y la vida sexual; y recursos para estar en condiciones de tomar decisiones seguras y efectivas. Debido a los problemas de (in)fertilidad, las técnicas de reproducción humana asistida se han popularizado en las sociedades occidentales y una gran cantidad de personas ha podido tener acceso a ellas.

El concepto de bioética, independientemente de su aplicación en el ámbito de la fertilidad, nace a raíz de los problemas que comienzan a plantearse debido al enorme desarrollo biotecnológico del siglo pasado en el marco de la percepción del peligro que corría la supervivencia de todo el ecosistema por falta de diálogo entre el saber científico y el saber humanístico al que pertenecen la ética, la filosofía y las ciencias jurídicas (Tinant, 2003, p. 88). La palabra «bioética», de hecho, aparece por primera vez de la mano del bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter que, destacando como elementos esenciales el mundo de los valores éticos y el mundo de la biología, designa con ese término a la disciplina que promueve el diálogo entre la ciencia y las humanidades, entre la vida y el comportamiento. Por ende, se ha dicho de la bioética que aspira a conjugar, en síntesis paradigmática, ciencia y conciencia, hechos y valores, ser y deber ser (Finset et al., 1999, p. 7).

Una clara muestra del camino que la reflexión bioética va abriendo entre el derecho y la sociedad (y entre la sociedad y el derecho), así como la existencia de vasos comunicantes entre la bioética y los derechos humanos, se puede observar en las concepciones sobre salud, en particular la salud sexual y los derechos reproductivos (Minyesrky, 2019, p. 30).

Por esa razón, como ya hemos avanzado, son numerosos los debates éticos que se plantean a la hora de enfrentarse a la reproducción asistida. Debido a la sensibilidad de estos problemas éticos, y el hecho de que cada Estado sea soberano para legislar en materia de bioética, podemos entender que muchas familias decidan beneficiarse de aquellos sistemas jurídico-sanitarios que más les beneficien a la hora de realizar un tratamiento que les permita formar una familia. Por este motivo, puesto que se trata de un ámbito sanitario no exento de problemas éticos y jurídicos (Carranza Chunga, 2022, p. 167), hacemos hincapié en la necesidad de establecer un marco regulador comparado que profundice en las técnicas de reproducción asistida (TRA) de cara a entender, como haremos a continuación, no solo aquellos aspectos médicos y jurídicos que motivan a la mujer, por ejemplo, a acudir a otro país en búsqueda de la salvaguarda de sus derechos reproductivos; sino también aquellos casos donde el legislador es más permisivo, laxo, a la hora de trazar los límites en cuanto a tratamientos y técnicas se refiere.

Con todos estos factores en mente, nos proponemos realizar una aproximación a la legislación en torno a la reproducción asistida para comprender cómo los Estados se enfrentan a estos debates bioéticos y de salud. Queremos entender por qué las pacientes deciden acudir a otro país, donde incluso se hable una lengua diferente, para poder realizar un tratamiento de fertilidad. Para ello, y a modo de estudio de caso, analizaremos cómo España y Francia abordan en su respectiva legislación las técnicas de reproducción asistida.

Como ya hemos anunciado, el objetivo del presente artículo es el de analizar la legislación existente en España y Francia en torno a la reproducción asistida y conocer, así, las semejanzas y diferencias entre ambos países, de manera que podamos dar una explicación, o al menos comenzar a esbozar, el porqué del peregrinaje de pacientes francesas a España para la realización de tratamientos de fertilidad que se constata de forma continuada (Aparicio, 2021).

Para ello, y dado que ambos países se encuentran bajo la superestructura institucional europea, comenzaremos trazando una panorámica del ámbito comunitario y su legislación, disposiciones y recomendaciones bioéticas sobre reproducción asistida para, en segundo lugar y de forma contrastiva, profundizar en dos de sus Estados Miembros: España y Francia.

Cabe destacar que no todos los documentos que presentaremos a continuación tienen rango de ley. De hecho, en el ámbito europeo se incluyen tanto convenios como directivas de la Unión Europea y, por lo tanto, no resultan vinculantes para los Estados Miembros, aunque sí arrojan luz sobre la importancia de dichos aspectos y sobre la hoja de ruta comunitaria en materia de bioética y reproducción asistida.

Así pues, el estudio que presentamos comenzó con la compilación de un corpus de legislación formado por tres subcorpus individuales: uno con textos normativos y recomendaciones en el plano supranacional (en este caso, de la Unión Europea) y uno por cada Estado objeto de estudio (España y Francia).

En el caso de la Unión Europea, recogimos once instrumentos reguladores (1997-2015) que posteriormente clasificamos en tres bloques (convenios, directivas y resoluciones) atendiendo a la naturaleza y características de dichos textos, así como el órgano emisor y el alcance de los mismos.

Así, como muestra la Tabla 1, nos encontramos principalmente con el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, conocido popularmente como Convenio de Oviedo, junto al instrumento diseñado para su ratificación y un protocolo adicional posterior, de 1998, que aborda específicamente la cuestión de la clonación humana.

Pese a que ninguno de los tres textos aborda de forma directa los tratamientos de reproducción asistida, sí son esenciales para entender el marco en que, posteriormente, se desarrollará la investigación en reproducción asistida y su introducción con la práctica médica.

Junto al Convenio de Oviedo, cinco son las directivas europeas que, como muestra la Tabla 2, profundizan en la calidad y seguridad en los tratamientos con las células y los tejidos humanos (evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, donación, etc.).

Por último, cabe mencionar también las siguientes dos resoluciones del Parlamento Europeo sobre donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células, así como comercio de óvulos humanos:

En el caso de España, trabajaremos con el marco estatal que proporciona la ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que amplía y refuerza la legislación anterior de 1988 (Ley 37/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida). Pese a que las competencias en sanidad se encuentran transferidas a las distintas autonomías del Estado español, que regulan sobre todo las TRA en el ámbito público, el estudio que presentamos se mantendrá únicamente en el plano estatal para poder trazar paralelismos con la legislación francesa, un país de tradición mucho más centralista.

Para el caso francés, nos hemos encontrado con una única ley que legisla y recoge toda la información necesaria sobre las TRA, o la PMA por sus siglas en francés. Se trata de la Loi bioéthique de 1994, reformada en 2021.

Una vez compilado el corpus, nos hemos centrado en tres puntos fundamentales en torno a las TRA: las técnicas propiamente dichas, los consentimientos informados y los donantes. Hemos escogido estos tres elementos porque representan los puntos fundamentales de la legislación en torno a las TRA. Al tratarse de dos países distintos, con contextos sociales, legislaciones y condiciones distintas, nos encontraremos con legislación y situaciones diferentes a la hora de poder acceder a este tipo de técnicas.

En Francia, las diferentes leyes que conforman el dispositivo bioético van más allá de lo puramente clínico y tienden a conciliar intereses opuestos entre la libertad de la investigación científica y la integridad física de la persona, la no-comercialización del cuerpo humano o el control del desarrollo de la neurociencia cognitiva, por ejemplo (Borrillo, ibid.: 1).

En 2021, la ley francesa se revisó con el fin de poder reflejar los avances sociales (Décheaux, 2012, p. 568). No obstante, a pesar de que los modelos familiares hayan cambiado, ha sido en 2021 cuando se ha empezado a establecer el debate del acceso de las parejas de mujeres y mujeres solteras a los tratamientos de reproducción asistida. Hasta hace bien poco, la diferencia más significativa entre ambas legislaciones residía en que una pareja de mujeres no podía realizar tratamiento en Francia, puesto que la legislación no contemplaba la pareja de mujeres como proyecto parental. No obstante, en este punto hemos de aclarar que el devenir de los tiempos desempeña un papel fundamental.

Otro aspecto relevante son listas de espera que existen en Francia para poder acceder a los tratamientos, mientras que en España los pacientes pueden realizarlo en cualquier momento sin lista de espera, siempre y cuando sea a través de una clínica privada. Por ello, la lista de espera es lo que orienta en muchos de los casos a los pacientes con edades más avanzadas a acudir a clínicas privadas para poder empezar el tratamiento sin demora.

A los 43 años resulta difícil intentar realizar un tratamiento con los propios gametos de la mujer, sobre todo si la paciente ya presenta problemas de fertilidad. En estos casos, la orientación de tratamiento es la ovodonación. Otro punto a favor de realizar este tratamiento en el extranjero es que en Francia no existen tantos donantes como en España, tal y como hemos avanzado anteriormente, de ahí que la lista de espera para poder realizar un tratamiento sea mayor. Asimismo, las técnicas que utilizan las clínicas francesas no son las mismas que pueden ofrecer las españolas, de ahí que decidan venir directamente a una clínica privada española en el caso de los pacientes franceses.

Asimismo, cabe mencionar que existe el factor de la financiación, ya que, en Francia, estos tratamientos son financiados por la sanidad pública siempre y cuando se cumpla con los criterios de edad y de necesidad de realizar el tratamiento para poder formar una familia (es decir, que existan problemas de fertilidad).

En cuanto a los donantes, ¿qué hace que en Francia haya menos donantes que en España? Analicemos las condiciones que tienen que cumplir los donantes en cada uno de los países.

Podríamos entrar en aspectos psicológicos y cómo los pacientes pueden aceptar el duelo genético que supone aceptar que no van a realizar tratamiento con sus propios gametos, pero lo que nos interesa en el presente artículo es entender que, realmente, la legislación española ofrece más privacidad a los donantes para que puedan ejercer el valor del altruismo, y también a los pacientes, a los que libera del estrés de tener que lidiar y gestionar más información de la necesaria sobre sus futuros hijos.

En cuanto a la transferencia de embriones, podríamos decir que la legislación española es mucho más segura que la francesa, puesto que la francesa no especifica el número máximo de embriones que puede transferirse a las pacientes mientras que, en España, la legislación autoriza la transferencia de hasta tres embriones. Creemos que esta ley se queda obsoleta, puesto que fue creada en un momento en el que se transferían embriones en día tres y no en día cinco (en estadio de blastocisto), como se hace actualmente. Aun así, en la mayoría de clínicas privadas españolas, al hacer firmar el consentimiento informado de cada tratamiento se limita el número de embriones a dos y solamente se permite cuando el comité médico autoriza a hacerlo, puesto que no supone ningún riesgo añadido para la paciente.

Como hemos visto, en 2021, y bajo el slogan «la PMA pour toutes» («la reproducción asistida para todas»), se permitió a parejas de mujeres y mujeres solteras en Francia hacer uso de la reproducción asistida. Creíamos que esta iniciativa iba a ayudar a las mujeres francesas a acceder a estos tratamientos en su país. No obstante, desde que se ha promulgado la ley no se han detectado cambios significativos en cuanto al número de pacientes que acuden a España para someterse a tratamiento para lograr formar una familia. Está claro que las listas de espera y el escaso número de donantes sigue siendo el problema fundamental por el que los franceses siguen buscando ayuda en el extranjero para intentar acelerar el proceso.

Además, nos seguimos topando con el problema de la edad, porque por mucho que la ley francesa haya cambiado, la edad límite para realizar un tratamiento sigue siendo 45 años.

En el caso de España, cualquier mujer puede recurrir a la Seguridad Social para acceder a un tratamiento. El único problema es que la lista de espera en la sanidad pública suele ser de dos años. Si las parejas o mujeres que quieren acceder a dichos tratamientos son jóvenes, la espera no supondrá ningún problema. No obstante, está claro que, en lo que se refiere a la maternidad, una mujer de edad más avanzada no suele poder retrasar el proyecto de forma tan sencilla.

En el caso de España, y de acuerdo con la legislación vigente, podemos afirmar que no importa dónde realicen el tratamiento los pacientes, ya que se debe respetar en todo momento la ley estatal. No obstante, es cierto que la ley, como hemos avanzado, empieza a quedar obsoleta, puesto que las técnicas han evolucionado y la situación ya no es la misma que en 2006 (como es el caso de transferencia de embriones en día tres).

No podemos dejar de mencionar el aspecto social de ambas legislaciones y, por ende, de ambos países. En Francia, la donación no suele estar tan bien vista y no hay tantos donantes como puede haberlos en España (Rives, 2020). Asimismo, existe una cultura arraigada de pasar siempre por la sanidad pública (assurance médicale) para cualquier necesidad médica. Si la seguridad social no les proporciona la ayuda económica necesaria para poder realizar el tratamiento, lo más sencillo para ellos es acudir a España, puesto que el conjunto de pruebas necesarias y requerimientos médicos para la realización del tratamiento pueden hacerlos en su país con la asistencia de la seguridad social y aportar los resultados directamente en la clínica en la que realicen el tratamiento.

Asimismo, muchos pacientes franceses acuden a España ya que el Diagnóstico Genético Preimplantacional no les está permitido. Así, muchas parejas aquejadas de ciertas enfermedades genéticas no quieren transmitir la enfermedad a sus futuros hijos y, por ende, acuden a España, donde la realización de este tipo de técnica es posible. En Francia, este aspecto es también objeto de debate, puesto que consideran que el Diagnóstico Genético Preimplantacional tiene como objetivo la selección embrionaria y no el diagnóstico de alguna enfermedad que pueda dificultar la implantación o el desarrollo embrionario una vez dentro del útero de la mujer.

En definitiva, son muchas las diferencias entre ambas legislaciones, lo que implica que muchos pacientes acudan a centros privados de reproducción asistida en España. Además, los pacientes tienen la ventaja de que en todos los centros tienen asistencia en su propio idioma, lo que facilita un proceso que la mayoría de veces resulta estresante y de una gran carga psicológica.

Lógicamente, las leyes nunca podrán incluir una previsión de los avances científicos futuros y, por tanto, tampoco podrán someterlos a regulación hasta que no se dispongan de amplios conocimientos sobre estos. La Ley 14/2006 vigente en España enumera la relación de técnicas que hoy en día se aplican, aunque deja la puerta abierta a la experimentación con nuevas técnicas, previo permiso de la autoridad sanitaria. Así pues, esta parece una decisión acertada, ya que no cierra la puerta a que se produzcan nuevos avances en reproducción asistida. Sin embargo, exige un control por parte de expertos en la materia.

El anonimato de los donantes permite preservar su intimidad y ofrecerles una estabilidad familiar, tanto a estos como a las familias que recurren a la reproducción asistida (García, 2004).

Por otro lado, España goza, en general, de una normativa permisiva y avanzada en cuestiones sociales, ya que permite el acceso de las mujeres a las TRA independientemente de su estado civil y su orientación sexual.

La legislación francesa, por su parte, resulta algo más conservadora y está íntimamente ligada al aspecto social del país. Por ello, son muchas las pacientes que comienzan su recorrido en Francia (los intentos permitidos por la seguridad social) y luego acuden a España.

En definitiva, tal y como hemos avanzado en la introducción del presente artículo, la biomedicina está avanzando a pasos agigantados y, por tanto, la legislación habrá de evolucionar progresivamente también para atender a las necesidades (y posibilidades) que vayan surgiendo a raíz de la investigación.

Asimismo, creemos que resulta de vital importancia evidenciar el papel de la salud reproductiva, teniendo en cuenta que las sociedades están en continua evolución (Labañino et al., 2022, p. 7). Hasta ahora, como hemos comprobado, la sociedad se ha preocupado más en preservar la esterilidad de la mujer que en potenciar la importancia de una buena salud reproductiva. El objetivo, así pues, sería poder obtener de manera generalizada la información necesaria para enfrentarse a la maternidad, cuáles son los factores a tener en cuenta y las implicaciones que conlleva adelantar o retrasarla.

En definitiva, las TRA están asistiendo a una actualización constante no solo a nivel tecnológico, sino sobre todo a nivel social. Hemos podido comprobar cómo la legislación ha tenido que incluir nuevos cambios para poder dar respuesta a los nuevos modelos familiares y a las necesidades de los derechos reproductivos de la mujer de hoy día. Estamos seguros de que, en un futuro, estos cambios serán incluso más significativos y que, muchas de las legislaciones más conservadoras tendrán que comenzar a dar respuesta a las necesidades de su sociedad.

Con este capítulo se busca hacer una revisión crítica de la literatura existente sobre el impacto de la innovación social en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A través del análisis de diferentes estudios, se pretende identificar cómo la innovación social ha contribuido a abordar los desafíos de género y el empoderamiento de las mujeres. Para ello, es necesario determinar las limitaciones y desafíos que deberán superarse, para lograr que este tipo de innovación tenga un impacto representativo en el conjunto de la sociedad.

La innovación social se puede conceptualizar como un conjunto de estrategias que tiene como objetivo generar ideas y proyectos que permiten dar solución a problemas estructurales (ej. pobreza, discriminación, género, etc.). Es decir, su importancia radica en la capacidad para crear y aplicar soluciones efectivas a los desafíos sociales y ambientales (Cuntz et al., 2020). A su vez, la innovación social se relaciona con el concepto de emprendimiento social, que hace referencia a su implicación en la creación de organizaciones que buscan abordar problemas sociales a través de la innovación y el cambio (Eichler y Schwarz, 2019). En este sentido, se ha convertido en un tema clave tanto para los hacedores de políticas sociales como para la academia.

La innovación social, a su vez, ejerce un papel importante en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (Avelino et al., 2019; Haugh y O’Carroll, 2019). Se ha argumentado que la innovación social puede ser utilizada para afrontar la desigualdad de género y promover la participación y el liderazgo de las mujeres en diferentes contextos (Suseno y Abbott, 2021). Además, se ha destacado la importancia del emprendimiento social para empoderar a las mujeres mediante la creación de oportunidades económicas y la mejora de su acceso a recursos y servicios (Datta y Gailey, 2012; Haugh y Talwar, 2014). Por tanto, se busca examinar de forma crítica el impacto de la innovación social en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a través de un análisis de la literatura existente.

En el siguiente apartado se hará una aproximación a la conceptualización de la innovación, haciendo hincapié en la innovación social y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se abordará el concepto de género y empoderamiento de las mujeres. Posteriormente, se mostrarán los resultados del estudio bibliométrico realizado y una revisión bibliográfica de los diferentes artículos que se han centrado en el impacto de la innovación social en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Finalmente, se concluirá con una discusión general entorno la contribución que la innovación social ha tenido sobre los desafíos de género y empoderamiento de las mujeres.

El concepto de empoderamiento se puede resumir como «cualquier acción que promueva la participación de las personas, organizaciones y comunidades en la obtención del control sobre su vida, tanto en su comunidad como en la sociedad en general» (Haugh y O’Carroll, 2019, p. 487). Este planteamiento del empoderamiento enfatiza la posibilidad de promover cambios y tomar decisiones (Kabeer, 2005). Precisamente, la innovación social proporciona caminos hacia dicho empoderamiento a través de distintas formas y aproximaciones (Haugh y O’Carroll, 2019).

Según la teoría de las capacidades, la libertad individual se convierte en un elemento trascendental para que las personas puedan lograr, dentro de sus posibilidades, la vida que merecen. En otras palabras, la libertad se constituye como el medio para que las personas puedan hacer lo que quieren y así lograr sus objetivos. Por tanto, las capacidades se entienden como el conjunto de opciones y oportunidades reales con el que cuentan los individuos para llevar la vida que desean.

En este sentido, la noción de capacidades se convierte en un elemento fundamental para los hacedores de política en aras de diseñar estrategias que promuevan un desarrollo humano más justo e inclusivo (Sen, 1984; 1985; 2005). La definición de la pobreza que esboza Sen (2005) permite entender mejor el concepto de capacidades y libertades. Una persona pobre es aquella que no tiene la capacidad psíquica (educación) y física (salud) para desarrollar una actividad que le genere un ingreso y, por tanto, satisfacer sus necesidades básicas. En los países menos desarrollados esta situación puede presentarse y acentuarse en las zonas rurales. Lo anterior viene aparejado, a su vez, a la igualdad de género y a la capacidad de las mujeres para llevar la vida que desean (Sarkki et al., 2021).

En términos generales, el empoderamiento puede ser un elemento de actuación para generar mayor inclusión, y puede estar dirigido a distintos grupos sociales cuyas capacidades pueden verse vulneradas por cierto tipo de circunstancias. El presente estudio, por ejemplo, se centrará en el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, es necesario clarificar que en la literatura predominante sobre este tema existen limitaciones. Los análisis que se centran en el empoderamiento de la mujer se basan en una visión occidentalizada, lo que puede llevar a la omisión de algunas particularidades de otros contextos socio-culturales (Syed, 2010).

En las últimas décadas, se ha prestado gran atención al empoderamiento de las mujeres por parte de las instituciones. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que precedieron a los actuales ODS, ya incluían la meta 3 de «promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer», que guarda una gran similitud con el quinto objetivo actual: «lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas». Para medir el progreso del tercer objetivo del milenio se utilizaron tres indicadores: educación, empleo y participación política, tal como señala Kabeer (2005). Estos aspectos siguen siendo relevantes en la actualidad en el quinto ODS y son susceptibles de ser evaluados para analizar la evolución de la situación de las mujeres en la sociedad. No obstante, la medición del nivel de empoderamiento resulta complejo, y no hay consenso en un único indicador, aunque sí en características que debe cumplir: debe apoyarse en la teoría, utilizar métodos que eviten valoraciones y prejuicios e incluir información exhaustiva y/o complementaria (Richardson, 2018).

Los motivos por los que promover el empoderamiento de las mujeres desde la óptica de la igualdad son más que evidentes. Sin embargo, numerosos estudios han mostrado que los beneficios del empoderamiento de las mujeres trascienden la mejora de sus condiciones particulares, ya que revierten en toda la sociedad. Destaca como ejemplo llamativo el siguiente caso: en aquello países en los que las Naciones Unidas han realizado misiones de paz y las mujeres tienen un mayor grado de empoderamiento, disminuye el riesgo de recaída del conflicto (Gizelis, 2009). Otro ejemplo es la influencia que tienen los microcréditos concedidos a mujeres pobres, que no solo impactan en ellas mejorando su empoderamiento, sino que permiten que mejore su calidad de vida, las finanzas familiares, su participación en la vida política, etc. (Lyngdoh y Pati, 2013).

En primer lugar, se ha definido el concepto de innovación y se han diferenciado los diversos tipos existentes. Se ha observado que, entre las innovaciones disruptivas, se encuentra la innovación catalítica, la cual comparte con la innovación social el objetivo de abordar problemas sociales y generar un cambio significativo.

La relevancia actual de la innovación social se ajusta a la evolución del enfoque de la innovación, que se centra en la creación de soluciones orientadas hacia las personas. Por lo tanto, la innovación social tiene como objetivo mejorar la atención de las necesidades de las personas. Aunque puede ser un concepto algo difuso, la innovación social se centra en la aplicación de enfoques innovadores para abordar los problemas sociales y satisfacer las necesidades de las comunidades.

Es importante destacar que la equidad y la justicia social son valores fundamentales de forma global en la sociedad y en el contexto de la innovación social en particular. Es esencial que las soluciones innovadoras aborden las desigualdades y la exclusión social y que busquen empoderar a los grupos marginados y de mayor vulnerabilidad. Para ello, es necesario tener en cuenta las diversas perspectivas y necesidades que poseen los distintos segmentos de la sociedad y trabajar para garantizar que la innovación social sea verdaderamente transformadora.

El hecho de que cerca de la mitad de la población mundial sean mujeres y niñas requiere de situaciones de igualdad y equidad entre géneros, lo cual ha motivado la creación de un ODS específico que vele su cumplimiento. En este sentido, la innovación social se presenta como una herramienta potente que contribuya y fomente el empoderamiento de las mujeres y contribuya a la reducción de las desigualdades.

Tras examinar la literatura existente, se han destacado aspectos fundamentales en relación con la innovación social y el empoderamiento de la mujer. En concreto, se ha evidenciado que se trata de un proceso dinámico y en constante evolución, que se adapta a medida que la sociedad va evolucionando en su concepción de los roles de género. Además, existen algunos recursos imprescindibles para que innovaciones sociales que promueven el empoderamiento tengan lugar. En primera instancia, la necesidad de fondos que contribuyan, al menos al inicio, a impulsar iniciativas de innovación social. En segundo lugar, la formación de las mujeres, ya que el conocimiento y la educación les impulsa a adoptar actitudes y prácticas más innovadoras y empoderadas. Además, existen recursos, como las plataformas digitales, que facilitan los procesos de gobernanza y que, por tanto, pueden revertir positivamente en el empoderamiento de las mujeres. Por otro lado, se ha visto que, aunque ha habido progresión en general, sigue habiendo ciertos campos masculinizados en los que tradicionalmente las mujeres no han tenido tanta presencia y en los que sigue siendo necesario realizar un esfuerzo extra para potenciar su presencia y empoderamiento.

Además, mediante la revisión de numerosos casos de estudio recogidos en la Tabla 2, se han detectado aspectos comunes. Se ha identificado como un factor recurrente que el colectivo a empoderar debe estar involucrado y comprometido en todas las etapas del proceso de innovación para que el empoderamiento sea efectivo.

En segundo lugar, que todos los grupos de interés involucrados en el proceso de innovación ejercen un papel clave. En este sentido, resulta fundamental promover la inclusión y la participación activa de todos los agentes en el proceso de innovación social para lograr soluciones más efectivas y sostenibles en el tiempo. Además, es necesario establecer un diálogo continuo con los agentes involucrados. De forma similar a como sucede con los stakeholders en el contexto de innovación social empresarial, para garantizar el éxito y que se mantenga en el tiempo una innovación social es necesario tenerlos a todos continuamente presentes. Para que la innovación social genere cambios estructurales efectivos, debe impactar en la sociedad en su conjunto, ya que, de lo contrario, podría darse la paradoja de concienciar a mujeres sobre sus posibilidades dentro de un entorno represivo y restrictivo sin lograr un empoderamiento real de las beneficiarias.

En tercer lugar, y como consecuencia de los anteriores aspectos, se encuentra la importancia de promover espacios de encuentro, ya que facilitan la difusión, el intercambio y la retroalimentación necesaria para que se involucren en el proceso y desarrollen su papel en el proceso.

Finalmente, se ha evidenciado que el hecho de que empoderar a las mujeres tiene efectos positivos no solo a nivel personal, sino también en la sociedad y comunidad en su conjunto. Es por ello por lo que resulta fundamental abordar el empoderamiento de las mujeres desde la estructura y sostén que ofrece la innovación social.